Vente Venezuela Portuguesa rechaza persecución judicial contra dirigentes nacionales: Vamos a llegar hasta el final, hasta que caiga la tiranía y conquistemos la libertad

Yaxmin González Jiménez

ACARIGUA.- Representantes regionales y municipales de Vente Venezuela en Portuguesa manifestaron su rechazo ante la arremetida judicial del Gobierno nacional en contra de miembros de la dirección nacional del partido y de la organización Súmate, por considerar que la medida busca únicamente castigar la disidencia dejando una vez más en evidencia el talante tiránico de un sistema violador de los derechos humanos.

En una rueda de prensa ofrecida junto a dirigentes municipales de Páez, Araure y Turén, la coordinadora regional de Vente Venezuela, María Oropeza, sostuvo que «lo que estamos viviendo actualmente en Venezuela son momentos bastante críticos, típicos de un sistema violador de derechos humanos. En las últimas horas hemos visto cómo han arremetido contra ciudadanos que lo único que quieren es cambiar la situación de nuestro país y cambiarla, por supuesto para bien, con estas persecuciones lo único que hacen es aumentar la lista de presos políticos y de políticos perseguidos por este sistema tiránico que no respeta la disidencia, la libertad de expresión, que no respeta simplemente el pensamiento libre y que las personas quieran vivir en un país completamente distinto».

-Desde nuestra organización en Portuguesa rechazamos el secuestro de Roberto Abdul, presidente de la organización Súmate, cuyo paradero se desconoce y ni los abogados ni familiares han tenido contacto con él, le están violando el debido proceso al igual que a nuestro coordinador nacional de organización, Henry Alviárez; nuestra coordinadora de comunicaciones, Claudia Macero y nuestro coordinador de asuntos internacionales, Pedro Urruchurtu, a quienes ni siquiera se les ha notificado las razones por las cuales se les está persiguiendo y del delito que les imputa el fiscal general, Tarek William Saab, tal como lo establecen la Constitución de la República y las leyes de nuestro país, enfatizó.

Oropeza considera que la persecución judicial evidencia una clara violación al Estado de Derecho y a los derechos humanos por parte de un Gobierno que no respeta ni las negociaciones con la oposición venezolana. «Están pateando la mesa de diálogo, irrespetan los acuerdos firmados recientemente en Barbados, donde una de las exigencias era la liberación de los presos políticos, sin embargo, lo que están haciendo es meter a más políticos presos, lo que demuestra que este es un sistema que no le importa ningún tipo de negociación, no le importa la estabilidad democrática y mucho menos tiene voluntad de ir a una transición a la libertad», afirmó.

La dirigente de Vente señaló que frente a esta situación es necesario que las organizaciones políticas y la sociedad civil se organicen para poder enfrentar lo que se avecina. «Estamos conscientes del reto que hemos asumido y lo que vamos a ver para el 2024 no va a ser fácil, estamos desafiando a uno de los peores sistemas de la historia venezolana y de América, pero más allá de todos los obstáculos, amenazas y lo que puedan inventar a partir de ahora, vamos a llegar hasta el final, hasta que caiga la tiranía y conquistemos la libertad, donde nunca más este sistema miserable que se ha enquistado en Venezuela vuelva a meter preso a aquellos que piensan distinto y vuelva a separar a familias venezolanos por razones políticas», prometió.

Desde la tierra de Páez -agregó Oropeza- nos comprometemos a seguir fortaleciéndonos en la lucha para que Portuguesa sea punta de lanza en la nueva república que vamos a construir en libertad y en democracia. Exigimos a la comunidad internacional que encienda las alarmas porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es poca cosa, esto es hoy, donde arremeten contra tres dirigentes de Vente Venezuela y el presidente de Súmate, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros e incluso representantes de los medios de comunicación, organizaciones gremiales o una ama de casa que está esperando un cambio, pero que el gobierno considera como una potencial amenaza.

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