ESPECIAL.-
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos, denuncia que han transcurrido seis años y nueve meses de las protestas de mayo de 2017 en Barinas, y las familias de los jóvenes fallecidos aún esperan justicia.
En medio de una ola de protestas los días 21, 22 y 23 de mayo perdieron la vida, Yorman Alí Bervecia Cabeza, Elvis Adonis Montilla Pérez y Miguel Ángel Bravo.
Desde entonces los familiares de estas víctimas han sido acompañados con asistencia jurídica por parte de Fundehullan, en la exigencia de justicia al Estado venezolano.
Han pasado seis años y nueve meses desde que estos jóvenes perdieron la vida, por impacto de bala por presuntos funcionarios de seguridad del estado Barinas.
Miguel Ángel Bravo tenía 25 años el día de su asesinato, falleció de una hemorragia interna y shock hipovolémico a causa de heridas de arma de fuego, en Socopó.
Yorman Berbecia, de 18 años, estudiante, se encontraba en la urbanización José Antonio Páez en el sector “Los Pozones”, cuando participaba en una protesta y recibió un disparo en el tórax.
Elvis Adonis Montilla Pérez, se encontraba en la urbanización Andrés Eloy Blanco, en una manifestación pacífica, cuando recibió un disparo en el intercostal izquierdo del cuerpo; fue trasladado al Hospital Luis Razetti de Barinas, donde llego sin signos vitales.
Desde entonces el caso se encuentra en el Ministerio Público, en proceso de investigación.
Ante este hecho el Estado venezolano ha vulnerado el debido proceso y sus principios y garantías fundamentales y constitucionales del derecho a la vida; asimismo, hay retardo procesal, no hay pronunciamiento por parte del Ministerio Público a las diferentes solicitudes realizadas, tampoco hay respuesta ni pronunciamiento por parte de los Jueces del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas.
Cabe destacar que con que este hecho violatorio de derechos humanos fue vulnerado el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá someterse a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”, en el que Venezuela está suscrita desde 1.978.
Del mismo modo, fue vulnerado el derecho a la vida consagrado en el Artículo 4 en el Pacto de San José, en este se establece que “toda persona tiene derecho a que se respete su vida”, del cual Venezuela ya no es parte desde el año 2013. Con este hecho también se vulnera el artículo 43 que establece que “el derecho a la vida es inviolable” de la Carta Magna de Venezuela.
Finalmente, desde Fundehullan, exhortamos al Estado venezolano a otorgar justicia y reparación a las víctimas.
Prensa/Fundehullan
Fundehullan: A seis años y nueve meses, aún no hay justicia para las víctimas de las protestas de mayo 2017 en Barinas
