JORGE CÁRDENAS /
El encaje legal es una herramienta de política monetaria y antinflacionaria utilizada por el Banco Central para regular la liquidez en el sistema financiero, sin embargo, esta política ha resultado poco efectiva porque persisten los altos índices inflacionarios. Actualmente, las entidades bancarias están obligadas a mantener un encaje mínimo del 73% sobre el total de sus captaciones, medida establecida y vigente desde principios del año 2022.
En términos coloquiales, de cada 100 bolívares que capte una entidad financiera por sus depósitos, sólo podrá disponer de 27 bs para otorgar créditos.
Recordemos, en décadas pasadas, el encaje legal en Venezuela osciló entre un 18% y 22%, es decir, se destinaba un 80% de los depósitos del público para el financiamiento de las inversiones productivas.
Este elevado porcentaje de encaje tiene consecuencias significativas para la economía nacional, especialmente en lo que respecta al acceso al crédito.
La imposibilidad de liberar una parte sustancial de los depósitos para ser utilizados como préstamos, limita severamente la capacidad de las instituciones bancarias para ofrecer financiamiento, tanto a empresas como a consumidores. Dicho fenómeno es particularmente crítico, en un contexto donde la recuperación económica es vital para reactivar el sector productivo.
La continua devaluación del bolívar —que ha sufrido diversas reconversiones, eliminando un total de 14 ceros desde el año 2008 con tres ceros, 2018 cinco ceros y en el 2021 fue de seis ceros— ha llevado a un uso creciente del dólar en el comercio nacional, tras la derogación de la «Ley de Ilícitos Cambiarios». Aunque la medida ha permitido cierta flexibilidad, también ha creado un entorno donde el acceso a créditos en moneda local se vuelve cada vez más complicado. Los ciudadanos, incluidos aquellos que no son empresarios, dependen de tarjetas de crédito -tambien llamadas créditos al consumo- que, a pesar de algunos incrementos en sus montos asignados, siguen siendo insuficientes para satisfacer sus necesidades.
El elevado encaje legal no solamente restringe el acceso al crédito, sino también afecta la liquidez del sistema financiero y reduce la demanda de dólares, empujando a los actores económicos hacia el mercado paralelo.
Esta dinámica limita las inversiones, por ende, reduce el empleo y dificulta la creación de relaciones comerciales sólidas con proveedores, lo que resulta en una economía de bajo crecimiento o estancada.
Otro punto importante a resaltar es que al mantenerse un elevado porcentaje del encaje legal, la banca, prácticamente pierde su verdadera esencia de actuar como un intermediario financiero, porque tampoco capta bolívares, por los bajos intereses que ofrece, sumándose la pérdida en el valor de la moneda por la alta inflación, tampoco concede créditos por las limitaciones ya señaladas.
Pareciera que los bancos en Venezuela hoy día, -por ver restringida su intermediación- se han convertido en Casas de Cambio, lo único que observamos a diario es que se dedican a la compra y venta de dólares.
En resumen, el alto encaje legal en Venezuela tiene un impacto adverso en la política crediticia, afecta tanto a empresas como a consumidores y obstaculiza la actividad económica, en general.
Es fundamental reconsiderar las medidas para fomentar un entorno financiero más saludable que impulse la reactivación económica, donde se ofrezcan grandes oportunidades reales de crecimiento al sector productivo nacional, en especial el sector agricola, garante de la soberanía alimentaria del país, para así depender menos de las importaciones.
jorgecardenas055@gmail.com
