Dip. Omar Ávila /
A un mes del doble terremoto que devastó La Guaira y golpeó el eje norte-costero de Venezuela, con más de 5.550 muertos y cerca de 18.000 personas sin techo, el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez ha anunciado un «plan maestro» de reconstrucción que promete, en sus propias palabras, una recuperación «integral» que abarca infraestructura, vivienda y hasta lo ha llamado «reconstrucción espiritual». Como venezolanos, deberíamos poder confiar en que ese anuncio se traduzca concretamente en viviendas reparadas, servicios restituidos, vidas reconstruidas. La experiencia de casi tres décadas de la misma fuerza política tanto en el gobierno como en la oposición nos obliga a plantear una pregunta incómoda: ¿se convertirá la reconstrucción de Venezuela en una estrategia de motivación política?
Este artículo no es sospecha gratuita, sino la alerta sobre un patrón ampliamente documentado por analistas políticos, que han descrito durante años cómo la corriente política gobernante ha «surfeado» crisis sucesivas -económicas, humanitarias e institucionales- implementando mecanismos de permanencia en el poder, que terminan desplazando los problemas a resolver de fondo; es decir, el desastre se convierte en tarima política, no en responsabilidad.
Esto importa especialmente porque el dinero sí está llegando, el Banco Mundial estima los daños directos en 19.600 millones de dólares, mientras economistas independientes calculan que la reconstrucción completa podría superar los 12.000 a 15.000 millones, cerca del 11% del PIB del país. Venezuela ya accedió a financiamiento del FMI, trabaja con el Banco Mundial, el BID y la CAF, y el gobierno nacional ha anunciado un programa de crédito destinado a reparar edificaciones -incluyendo condominios y viviendas de personas naturales- que aún no tiene reglamento público conocido: no sabemos montos, plazos, criterios de elegibilidad ni mecanismos de supervisión.
Esa falta de reglas claras no es un detalle administrativo, es precisamente, el espacio donde los patrones de siempre -la distribución discrecional de recursos, la lealtad clientelar como criterio de asignación, la opacidad presentada como urgencia- vuelven a tener terreno fértil para operar. Y lo hacen apelando a la necesidad real de miles de familias que perdieron su hogar, gente que no tiene el lujo de esperar transparencia cuando lo que necesita es un techo esta semana. Ese es exactamente el punto donde, históricamente, la sociedad venezolana ha terminado aceptando condiciones que después lamenta.
Sin embargo, esta vez hay algo que parece distinto, a pesar de las circunstancias no partimos de cero o con efecto retardado, porque al mes del terremoto, 39 organizaciones no gubernamentales exigieron públicamente transparencia y rendición de cuentas sobre el programa de reconstrucción. La presencia de organismos multilaterales, que normalmente exigen trazabilidad como condición de sus desembolsos, introduce un contrapeso técnico que no existió, por ejemplo, tras el deslave de 1999. En este momento, la disputa por la narrativa de la reconstrucción sigue abierta; por lo tanto, no es tarde para exigir condiciones.
¿Qué debería exigir la ciudadanía, y qué deberían exigir específicamente las juntas de condominio, las asociaciones vecinales y los damnificados que negocien acceso a estos fondos? Cinco cosas concretas, verificables, difíciles de descalificar como «ataque político» porque no son opinión sino información pública básica.
Sugerimos implementar un Reglamento público y escrito del programa de crédito para reparación de edificaciones: montos máximos, tasas, plazos, requisitos de elegibilidad. Establecer los Criterios de asignación por zona y por proyecto, publicados antes de la ejecución, no anunciados como logro después del hecho. Conformar una Mesa de auditoría independiente -idealmente vinculada a los organismos multilaterales involucrados- con reportes de acceso público. Diseñar un Cronograma verificable del «plan maestro», con metas medibles por trimestre. Crear un Canal de denuncia protegido para beneficiarios que enfrenten condicionamiento político o clientelar para el acceso a los fondos.
Desde Unidad Visión Venezuela consideramos que ninguno de estos cinco puntos requiere adivinar intenciones ni acusar sin pruebas; simplemente, hacemos el llamado para que esta urgencia humanitaria sea un factor de entendimiento, divulgación, supervisión y transparencia. La dignidad del pueblo puede medirse en la insistencia terca de preguntar ¿a dónde va el dinero y en qué se gasta? Finalmente, reiteramos que los venezolanos no necesitamos narrativas planificadoras, necesitamos herramientas concretas para no volver a pagar, una vez más, el precio de la necesidad con la moneda del silencio.
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