LIMA.- Es una dura condena contra el actuar policial del Gobierno de Dina Boluarte durante las manifestaciones acontecidas en Perú tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, especialmente en las regiones sureñas de la nación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó las muertes producidas durante estas protestas de «ejecuciones extrajudiciales» por ser asesinatos arbitrarios cometidos por fuerzas del orden peruanas.
Su investigación se centra en el período que comprende entre el 7 de diciembre de 2022 y el 23 de enero de 2023, y concretamente en la ciudad de Ayacucho, donde ocho personas fueron asesinadas y 26 heridas por herida de bala mientras intentaban tomarse el aeropuerto local, en medio de una de las protestas más fuertes registradas en esta nación.
El estudio se ha realizado a través de los videos grabados por testigos. La mayoría de los manifestantes eran jóvenes de la zona contrarios a la toma de poder que había efectuado Dina Boluarte en detrimento de Pedro Castillo días antes, tras lo que la institucionalidad peruana consideró un intento de autogolpe del exmandatario de izquierda.
En su informe, la CIDH añade que esta «masacre» debería ser atendida desde un enfoque «étnico-racial» y afirmó que la reacción del Estado fue desigual según la región donde se dieron las protestas, siendo especialmente virulenta en la zona sur del país.
En el texto también se hace mención de lo vivido en Juliaca, donde 17 manifestantes murieron el pasado enero en enfrentamientos con la Policía. «En esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas», afirmó el organismo.
Dina Boluarte rechaza el informe y la bancada conservadora lo cataloga de «sesgado»
Las reacciones no se han hecho esperar de parte del Gobierno de Dina Boluarte y de sus aliados conservadores en el Congreso peruano. La mandataria afirmó, poco después de conocer la noticia que «como todo informe, hay cuestionamientos que no compartimos, pero respetamos, más aún viniendo de un organismo del sistema interamericano de derechos humanos como es la Comisión. De hecho, rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se menciona de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas».
La presidenta de la nación andina además indicó que era «imposible» sacar conclusiones tan fuertes habiendo estado entre tres y cinco días sobre el terreno y negó cualquier acusación de racismo a la hora de tratar a los manifestantes.
Una línea que también mantiene el primer ministro peruano, Alberto Otárola, quien señaló que «no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la CIDH concluya que hubo graves episodios de uso de la fuerza tan solo con una entrevista y dos visitas al Perú».
Los congresistas conservadores se mostraron más críticos contra el texto al catalogarlo de «tóxico» y «parcial». Desde el lado fujimorista señalaron que el texto es «sesgado» y que lo mejor sería «no tomarlo en cuenta». Declaraciones que incluso han llegado a la petición del vicepresidente tercero de la Cámara, Alejandro Muñante, de «retirar los fondos» a la CIDH.
Las protestas en el sur de Perú se extendieron por más de dos meses y son el reflejo de la crisis política que vive desde hace años esta nación andina, con gobiernos inestables y cortos que han alimentado la crispación ciudadana.
Las movilizaciones se dieron después de que asumiera el poder Dina Boluarte tras el intento fallido de autogolpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, quien fue detenido y actualmente se encuentra en prisión. Estas personas, acusaron a la nueva mandataria, quien era vicepresidenta de Castillo, de traición y la exigieron renunciar y convocar elecciones, algo que nunca sucedió.
Boluarte actualmente cuenta con el apoyo de las formaciones políticas más conservadoras en el Congreso y, a pesar de las fuertes críticas que ha enfrentado, ha levantado un telón de acero en torno a la protección de su Gobierno. En las mencionadas protestas el número de fallecidos superó el medio centenar y los heridos se contaron por miles, la mayoría jóvenes.
EFE/
