CARACAS.- En el país existen 311 presos políticos, de acuerdo con las estadísticas de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), que asegura que están privadas de libertad de forma arbitraria como castigo a su disidencia, real o percibida, al gobierno de Nicolás Maduro.
Esta organización especifica que entre 2014 y 2023 la cifra de presos políticos en el país se ubicó en 311 víctimas; lo que representa un aumento de 20,58% en comparación con diciembre del año pasado y asegura que del total de víctimas detenidas, 38,59% fueron apresadas en el 2020.
De la misma manera, Justicia, Encuentro y Perdón detalla que la mayoría de las detenciones arbitrarias de 2020 están vinculadas con presuntos movimientos subversivos identificados como «Operación Aurora» y «Operación Gedeón» y con el presunto intento de secuestro de Diosdado Cabello.
Durante el período abarcado por este informe, la ONG documentó la detención de 291 hombres y 20 mujeres que continúan sometidos a prisión por motivos políticos. Aunque 93,57% de los detenidos son hombres, las condiciones deplorables de condición afectan también a las mujeres, quienes suelen ser objeto de un número mayor de comentarios sexistas y de amenazas de violación u otras formas de violencia sexual por parte de los funcionarios estatales, como desnudos forzados y ofrecimiento de favores sexuales a cambio de mejoras en las condiciones de detención.
Detenciones arbitrarias
Las detenciones arbitrarias suelen representar el punto de partida para cometer nuevas afrentas a los derechos fundamentales de los presos políticos, incluyendo los sometimientos a torturas y otros actos inhumanos.
Las principales víctimas de presos políticos son los funcionarios activos y retirados de los cuerpos de seguridad, la sociedad civil y las fuerzas extranjeras. El primer grupo es el que más víctimas agrupa con un total de 179 presos políticos (57,56%) de la cifra global. De ellos, 155 (86,59%) eran funcionarios activos al momento de la detención y 24 (13,41%) se encontraban en situación de retiro o renuncia.
A criterio de la Organización, el hecho de que más de la mitad de los presos políticos existentes en Venezuela sean agentes o exagentes del Estado no hace más que corroborar la motivación política subyacente a la aprehensión.
Los miembros de la sociedad civil, quienes conforman el segundo grupo más afectado con un total de 130 presos políticos representativos del 41,8% del global documentado. Los sindicalistas y los miembros de partidos políticos de oposición —quienes más incómodos resultan para el gobierno— han sido algunos de los subgrupos más afectados por las aprehensiones al margen de la ley gestadas desde el año 2014.
Actualmente, seis sindicalistas y cuatro militantes de partidos de oposición se encuentran privados de libertad por motivos políticos.
Por último, destacan dos exmiembros del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, quienesfueron detenidos en el año 2020 por presuntamente formar parte de una red de mercenarios que incursionó a Venezuela con el objetivo de atentar contra la vida de Nicolás Maduro. Hasta septiembre de 2022, el número de estadounidenses privados de libertad por motivos políticos en Venezuela ascendía a nueve, pero el 1 de octubre ambos gobiernos acordaron la excarcelación de siete de ellos a cambio de la entrega de los dos sobrinos de Cilia Flores, condenados en Nueva York en el año 2017 por intento de tráfico de droga.
Durante el período objeto de evaluación, la ausencia de imparcialidad e independencia de los órganos encargados de aplicar justicia, el retardo procesal, las violaciones al debido proceso y la ausencia de investigaciones y enjuiciamientos contra los funcionarios y colectivos armados responsables de violar los derechos fundamentales de los presos políticos, ha sido el común denominador en la totalidad de los 311 casos documentados por la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
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