LIMA.- Una dimisión más se añade este 17 de agosto a la larga lista de reveses que acumulan los gabinetes de Pedro Castillo, presidente de Perú. Esta vez es la de José Luis Gavidia, ministro de Defensa, que ocupaba el cargo desde febrero pasado.
En una carta dirigida a Castillo, y que difundió en su cuenta personal, Gavidia aseguró que deja el Gobierno «por motivos estrictamente personales» y aseguró irse «con satisfacción por haber cumplido la labor encomendada en bien de las Fuerzas Armadas y el país».
El comunicado termina con una petición «a todos los actores políticos a sumar esfuerzos y estar a la altura que la situación del país lo demanda».
Los últimos diez días han sido una prueba especialmente dura para la Administración de Castillo, sobre quien pesan seis investigaciones judiciales por parte de la Fiscalía.
Gavidia sustituyó en febrero a Juan Carrasco, antiguo ministro de Defensa del efímero tercer gabinete de Castillo. Formaba parte de la apuesta que constituyó el cuarto equipo de Gobierno en menos de un año, liderado por el actual primer ministro, Aníbal Torres.
El pasado 3 de agosto, de hecho, Torres también presentó su dimisión, pero Castillo no la aceptó. En ese momento, volvió a haber otro cambio de seis carteras, pero Gavidia fue uno de los que mantuvo su puesto.
El ministro de Defensa se había visto envuelto en algunos escándalos revelados por la prensa local. Por un lado, denunciaron que su esposa había logrado un contrato en el Ministerio Público; por otra parte, informaron que había viajado en un avión de la Marina de Guerra con sus hijas.
La tensión política peruana sigue vertiéndose en los tribunales
Desde que Pedro Castillo se posesionó en julio de 2021, el mandatario acumula cuatro gabinetes diferentes y una multitud de cambios ministeriales, además de escándalos judiciales que, según él, son una conspiración de la oposición y la Justicia.
«Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático», afirmó Castillo esta semana.
Precisamente el martes, el mandatario interpuso una demanda contra un coronel de policía, un fiscal y un juez que permitieron el allanamiento del Palacio de Gobierno, donde vive el mandatario, en el marco de la investigación sobre su cuñada Yenifer Paredes por tráfico de influencias.
Esta investigación ha tensionado todavía más el clima político peruano, que no parece estabilizarse incluso desde antes de las elecciones que ganó Castillo.
El discurso oficialista sobre los escándalos judiciales también se extiende a Aníbal Torres, quien tachó hace una semana de «golpistas» a los que investigan al mandatario y llamó a las organizaciones sociales a marchar en Lima, la capital peruana, para «arrodillar» a los opositores.
Por esas palabras, el Parlamento aprobó una moción con una amplia mayoría de 73 votos a favor y 38 en contra para que Torres comparezca y explique sus palabras.
El congresista conservador Jorge Montoya, de Renovación Popular, llegó a considerar que el primer ministro «levantó a la subversión», por lo que interpuso una denuncia constitucional contra él por presunto delito de conspiración para rebelión o sedición.
Así, las tensiones políticas entre opositores y Gobierno siguen transformándose en enredos judiciales y cruces de denuncias que se dirimirán en los tribunales.
EFE/