SAN SALVADOR.- Un mal recuerdo. La madrugada de este sábado el Gobierno de Nayib Bukele comenzó la quinta etapa de su ofensiva para terminar con las pandillas que aquejan al país y que inició hace nueve meses enviando a más 10.000 militares y policías para crear un cerco en Soyapango, municipio ubicado a un poco más de 12 kilómetros de San Salvador, la capital.
La operación armada, la más grande que se tenga registro en la lucha contra las pandillas de las autoridades salvadoreñas, busca “extraer” a todos los miembros de las maras que desde hace años extorsionan los comercios y dominan muchos barrios de la capital, San Salvador.
El operativo irrumpió en Soyapango -la segunda ciudad más poblada del Área Metropolitana de San Salvador y la tercera del país- en la madrugada del sábado, cuando las tropas bloquearon las carreteras que entraban y salían del municipio de Soyapango y equipos especiales se adentraron en el pueblo en busca de sospechosos de las bandas criminales.
«A partir de ahora, el municipio de Soyapango está completamente rodeado», anunció Bukele en su cuenta de Twitter, donde habitualmente comunica las acciones de su Gobierno.
Desde finales de marzo, Bukele declaró la guerra a las pandillas, a las que denomina “terroristas” y declaró el estado de emergencia tras una ola de homicidios, una acción criticada por organizaciones de derechos humanos que denuncian las redadas masivas, afirmando que a menudo detienen a jóvenes por su aspecto o por el lugar donde viven.
«No hay ninguna persona honrada que haya sido afectada por el cerco que se ha establecido. La operación está dirigida directamente contra los pandilleros que todavía se andan escondiendo y que generan algún inconveniente a la población honrada (…) es totalmente falso que estas operaciones le van a generar malestar a la población honrada», aseguró José Merino Monroy, Ministro de Defensa.
El ministro señaló que «ya se tiene la ubicación de 12 pandilleros debidamente fichados» y que el «trabajo continuará hasta haber extraído de este municipio hasta el último delincuente».
Comasagua, el piloto de las detenciones
En octubre pasado el presidente Bukele aseguró que los cercos o militarización a poblaciones completas habían funcionado en la ciudad de Comasagua, cuando más de 2.000 soldados y policías rodearon y cerraron la ciudad para buscar a miembros de bandas callejeras acusados de un asesinato.
Las autoridades recurrieron a drones que sobrevolaron la ciudad, y todos los que entraban o salían de ella fueron interrogados o registrados. En dos días se detuvo a unos 50 sospechosos.
«Funcionó», dijo Bukele. Según el Gobierno, los homicidios se redujeron un 38% en los primeros diez meses del año en comparación con el mismo periodo de 2021 gracias al “cerco” militar.
Bukele pidió al Congreso que le concediera poderes extraordinarios para declarar el estado de emergencia, que se ha renovado cada mes desde marzo. El decreto suspende algunos derechos constitucionales y otorga a la Policía más poderes para detener y retener a los sospechosos.
El estado de emergencia suspende el derecho de asociación, el derecho a ser informado del motivo de una detención y el acceso a un abogado. Incluso da poder al Gobierno a intervenir las llamadas y el correo de cualquiera que considere sospechoso. El tiempo que alguien puede estar detenido sin cargos se amplió de tres a 15 días.
Algo que para los activistas de los derechos humanos es usado para detener regularmente a jóvenes sólo por su edad, por su aspecto o porque viven en una barriada controlada por las pandillas.
En El Salvador existen unos 70.000 miembros de pandillas y durante décadas han controlado franjas de territorio y han extorsionado y matado con impunidad. Pero el Gobierno de Bukele quiere desaparecer su rastro, incluso a inicios de noviembre envió a los reclusos a los cementerios para destruir las tumbas de los miembros de las pandillas, previo al día en que las familias suelen visitar las tumbas de sus seres queridos.
Los ciudadanos han documentado la militarización de Supayango y muchos de ellos incluso compararon los movimientos y cercos militares con la época de la guerra civil salvadoreña que duró 12 años y dejó más de 75.000 muertos y decenas de desaparecidos.
«Fue como si estuviéramos en el pasado, cuando empezaba la guerra», comentaron los ciudadanos al diario ‘ElSalvador.com’ «Sentí temor al ver esto, más cuando ocurre en la noche», agregaron.
Desde el inicio del Plan de Control Territorial, las autoridades han detenido a más de 56.000 personas por presuntos vínculos con las bandas. Las organizaciones no gubernamentales contabilizan varios miles de violaciones de derechos humanos y al menos 80 muertes de personas detenidas durante el estado de excepción.
AP/ EFE/
