BUENOS AIRES.- La exmandataria y actual vicepresidenta de Argentina recibió una condena de seis años de cárcel e inhabilitación permanente por corrupción en la concesión de obras viales durante su gobierno. El caso, conocido como ‘Vialidad’ lleva desarrollándose desde el año 2019 y ha suscitado una gran polémica en la nación austral. Se espera que la líder peronista, quien tiene inmunidad por su cargo actual, recurra la sentencia.
Un caso que no terminará con el veredicto de este martes 6 de diciembre.
A horas de la tarde en Argentina, el Tribunal Oral Federal 2 expidió la sentencia contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados en el marco de la causa ‘Vialidad’, la primera que involucra a la exmandataria.
Por teleconferencia, los magistrados sentenciaron a Fernández de Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La lectura del veredicto fue realizado por Jorge Gorini, uno de los tres jueces que conforman el tribunal. A pesar de que esta tarde se reveló la sentencia, tendrán 40 días hábiles para exponer los argumentos que llevaron a esta decisión. No obstante, la feria judicial de enero estirará los plazos hacia avanzado el primer trimestre de 2023.
Una vez revelado el castigo, la vicepresidente argentina, emitió una respuesta en vivo y abierta de casi una hora a través de la red social YouTube, donde ratificó su acusación de que «la idea siempre» fue condenarla.
Además, volvió a apuntar contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, encargados de recoger las pruebas en su contra y arremetió diciendo que «no pudieron responder a los alegatos y solo dijeron mentiras».
Desde su despacho, Fernández denunció un entramado corrupto y partidario a favor de la oposición del Poder Judicial, una situación que ha sido mencionada por el oficialismo reiteradas veces y horas después de que el presidente Alberto Fernández pidiera investigar por un viaje a la Patagonia de miembros del sistema judicial, fiscales, funcionarios macristas, empresarios de medios y agentes de Inteligencia.
La vicepresidente subrayó que su sentencia no corresponde a un «lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial». «Esto lo vimos este fin de semana cuando se filtró la noticia de un viaje secreto de jueces y fiscales de renombre a Lago Escondido con financiado supuestamente por un multimedio», agregó.
Sobre el cierre de su discurso, la vicepresidenta lanzó una noticia movilizante para la política nacional: anunció que no será candidata a ningún cargo después del 10 de diciembre, cuando finalice el vigente período.
«No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en período electoral y le digan que tiene una candidata condenada. Termino el 10 de diciembre y vuelvo a la casa de donde salí», expresó.
El fallo contra Cristina es por perjuicio de la administración pública, pero la sobreseyó por los cargos de asociación ilícita. El empresario Lázaro Báez, Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional) y el ex secretario de Obras Públicas, José López, recibieron la misma pena por similares motivos.
Sobre los otros procesados, Mauricio Collareda y Raúl Dauich -ex jefes del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional- tuvieron cuatro años y tres años y medio, respectivamente; Juan Carlos Villafañe y Raúl Pavesi (ex titulares de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz), cinco años y cuatro años y medio, en ese orden. Por último, Raúl Santibáñez (ex presidente del directorio de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz) tuvo 4 años.
Fueron absueltos Julio de Vido -ex ministro de Planificación-, Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas), Héctor Garro -ex presidente de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz- y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
¿Qué es la causa Vialidad?
“La sentencia ya está escrita”, adelantó Fernández en varias declaraciones en los últimos meses, en medio de un rifirrafe en el que la exmandataria ha arremetido contra los jueces de su país.
Conocido como caso Vialidad, la Fiscalía acusa a Fernández de dirigir una organización delictiva que gestionó el otorgamiento de obras públicas en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, cercano a ella y a su difundo esposo Néstor Kirchner, también exjefe de Estado. Un entramado de corrupción que habría tenido lugar en los dos periodos de Presidencia de la popular líder política, entre 2007 y 2015.
Según las investigaciones, después del otorgamiento de los contratos, Báez habría canalizado el dinero a la entonces mandataria y su pareja.
Las pesquisas señalan que las presuntas irregularidades habrían ocurrido en la concesión de al menos 51 obras públicas.
Por esta causa, Cristina Fernández fue imputada con los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta de fondos públicos y defraudar al Estado por cerca de 1.000 millones de dólares.
El juicio inició en 2019, y aunque fue suspendido durante seis meses por la pandemia del Covid-19, las indagaciones continuaron y el proceso fue reanudado en agosto de 2020. Desde entonces, ha mantenido la modalidad de semipresencial.
La actual vicepresidenta niega las acusaciones y asegura que es víctima de una persecución política. Poco antes de conocer el resultado del proceso, el pasado 29 de noviembre tildó a la corte que lleva la acusación de “pelotón de fusilamiento”.
En una entrevista con el diario brasileño ‘Folha de Sao Paulo’, publicada el lunes, justo un día antes de conocerse el veredicto, Fernández insistió en sus señalamientos y agregó que durante el proceso se violaron garantías constitucionales. «Es evidente que va a haber una condena», ratificó.
Este es el primer juicio que ha encarado la dirigente kirchnerista de 69 años y el primer pedido de condena al que se enfrenta. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas.
El caso Vialidad seguirá en los tribunales
La causa no conducirá a la detención inmediata de la vicepresidenta.
Cristina Fernández puede apelar a la sentencia ante distintas instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que tendría la última palabra. El proceso podría prolongarse durante años.
Además, la dirigente política cuenta con fueros que la blindan de un eventual arresto al menos hasta diciembre de 2023, cuando concluye el actual Gobierno.
No obstante, un veredicto negativo para la popular vicepresidenta desencadenaría desde ya un fuerte descontento en las calles. “Si Fernández de Kirchner fuera inhabilitada para un cargo público, eso podría tener un impacto significativo”, subrayó Julio Burdman, director de la consultora Observatorio Electoral.
Una situación convulsa para el Gobierno de Alberto Fernández
La sentencia contra Cristina Fernández asesta un fuerte golpe al Gobierno, dirigido por Alberto Fernández, no solo porque es la primera vez en la historia de Argentina que un vicepresidente en funciones es condenado, sino también por el convulso contexto por el que atraviesa la actual Administración.
Cristina Fernández es considerada la figura política más relevante de los últimos 20 años del país y su sentencia ensombrece a un Gobierno que encara una dura batalla para defenderse del desafío de la oposición conservadora en las elecciones generales previstas para el próximo año.
Asimismo, la condena contra la lideresa que ha sido dos veces presidenta podría hacer tambalear aún más a un país que atraviesa una crisis económica de larga data, una inflación que se acerca al 100% y donde cada vez más se abre una confrontación política entre la izquierda y la derecha.
«La relación entre la coalición gobernante y la oposición se tensará mucho y el partido gobernante en su conjunto reaccionará con fuerza y lo denunciará como una persecución», destacó Burdman.
Reuters/ La Nacion/ Clarín/
