Quito.- El domingo, la ciudad de Manta fue objetivo de un ataque armado contra personas que estaban ingresando a un circo. Entre los fallecidos, el legislador alterno (o de remplazo) e influencer Cristhian Nieto y su esposa Nicole Burgos, también creadora de contenidos digitales. Los dos habían acudido al evento que él mismo organizaba en homenaje por el Día del Niño que se celebra el 1 de junio en este país.
Este lunes 3 de junio, también se confirmó la muerte de un joven que había resultado herido en el incidente. Además, un periodista también resultó herido mientras estaba transmitiendo en vivo el ingreso de las personas —en mayoría eran niños— al circo.
Operaciones policiales en Manta
Este lunes 3 de junio, el presidente Noboa anunció su decisión de cambiar la sede de operaciones de los militares y de la policía de manera temporal.
«Hoy, viendo lo que ha pasado en los últimos días, especialmente lo que pasó anoche, que fue una barbaridad, he tomado la decisión» de cambiar temporalmente la sede de los comandos de los militares y la Policía, anunció Noboa. El mandatario inauguró un encuentro sobre seguridad contra los grupos de delincuencia organizada.
Desde aquí (Manta) se peleará esta guerra y este conflicto armado interno, añadió el presidente.
También dijo que él mismo viajará principalmente entre Guayaquil y Manta, «dando el ejemplo y dando seguimiento a lo que está pasando y a las acciones que van a tomar nuestras fuerzas de orden, así como nuestros ministros».
Si bien Noboa reconoció que sabía que el mayor desafío de su Gobierno sería combatir la delincuencia y el crimen organizado, explicó: “Cuando empezamos a destapar la delincuencia nos encontramos con desafíos aún mayores: destrabar las estructuras criminales, enquistadas incluso en la política y el sistema judicial”. También aseguró que la Policía y las Fuerzas Armadas enfrentan directamente estas problemáticas.
Ataques a políticos
Cristhian Nieto no es el primer político en ser objetivo de la ola de violencia y asesinatos en Ecuador. En marzo pasado, Brigitte García, alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente, también fue asesinada en un tiroteo. En este momento, ya regía un estado de excepción decretado por el Gobierno bajo el argumento de buscar hacer frente a la violencia.
Tenía 27 años cuando la mataron junto con su asesor de comunicación, el concejal alterno de Guayas, Julio Ronquillo que fue secuestrado antes de que encontraran su cuerpo sin vida.
Además, dos meses antes, fue asesinada Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas. Carnero fue objetivo de varios disparos en plena vía pública, cerca de la ciudad de Guayaquil.
En enero, y apenas dos meses después de su llegada a la Presidencia del país, Daniel Noboa declaró el conflicto armado contra 22 bandas criminales que el Gobierno califica de “terroristas”.
Una ola de violencia que se detiene
En Ecuador, la violencia ha aumentado en los últimos años. En 2020, grupos delincuentes ya habían dejado a más de 450 presos asesinados debido a una serie de masacres. En 2023, Ecuador se convirtió en uno de los países más violentos de la región, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.
Después de su llegada a la Presidencia, en noviembre pasado, Noboa —que parecía copiar el estilo de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele— desplegó militares en las calles y detuvo a casi 2.000 personas en unos días.
También prometió la construcción de dos megacárceles y reemplazó a los altos cargos militares después de encontrar evidencia de que algunos funcionarios del Estado habían colaborado con bandas criminales.
El Gobierno también puso en marcha su ‘Plan Fénix’, teniendo como objetivo la recuperación del control de las cárceles, muchas veces dominadas por grupos delincuentes. Pero la violencia no se ha detenido.
Según cifras del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, de enero a marzo de 2024, las extorsiones y secuestros a ciudadanos se han incrementado, especialmente en Guayaquil, donde pasó de 120 casos en 2023 a 618.
El 21 de abril, el presidente organizó un referendo en el que los ciudadanos contestaron a 11 preguntas sobre medidas de seguridad. El mandatario obtuvo un importante apoyo de los votantes sobre sus propuestas, entre ellas, la organización de patrullas conjuntas policiales y militares, la extradición de criminales buscados, o controles de armas más estrictos en áreas cercanas a las cárceles.
Por otra parte, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch informaron de abusos por parte de las Fuerzas Armadas en las cárceles, con detenciones arbitrarias y muchos casos de malos tratos, así como algunos casos de tortura. Además, acusa al presidente de no haber presentado argumentos suficientes para declarar el estado de conflicto armado interno.
EFE/
