TEGUCIGALPA.- El número de mujeres muertas por un motín en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) aumentó a 46, según el portavoz del Ministerio Público de Honduras, Yuri Mora. La tragedia carcelaria, una de las peores en la historia hondureña, ocurrió por la rivalidad entre las dos principales pandillas operativas en el país centroamericano: la Pandilla 18 contra reclusas de la Mara Salvatrucha.
La masacre fue cometida con armas de fuego y blancas, causa de la muerte de la mayoría de las reclusas. Otras tantas murieron calcinadas por los incendios sucedidos a la riña.
Las autoridades también han revelado que varias mujeres integrantes de las pandillas en conflicto prendieron fuego a los cadáveres luego de los asesinatos.
Las condiciones de los cadáveres de las 46 reclusas han dificultado el trabajo de reconocimiento de los cuerpos, lo que causa la ansiedad de las familias por saber el destino de las mujeres privadas de la libertad.
Los familiares de las víctimas se han reunido desde ayer frente al centro penitenciario, así como en la principal morgue pública de Tegucigalpa para exigir a los funcionarios públicos que publicaran una lista de las víctimas del incidente. La situación en la morgue se deterioró a tal punto que los trabajadores relataron que se estaban quedando sin espacio para recibir los restos de las víctimas.
Familiares de las víctimas exigen la verdad
Ángel García, de 34 años, llegó a la morgue el miércoles y descubrió que su esposa y sus dos hermanas estaban entre las víctimas, cuestionando cómo las autoridades permitieron que esto sucediera en un país con un historial de incidentes mortales en prisión.
«Todo el mundo pasa el balón… todo queda impune», dijo García. “Es injusto que estemos sufriendo por la corrupción”.
Las familias consideran que la corrupción en el sistema carcelario de Honduras y la negligencia de las autoridades son las principales causas de la tragedia en Cefas.
La propia presidenta del país, Xiomara Castro, reconoció a través de su cuenta de Twitter que “el motín había sido planeado por pandilleros con el conocimiento de los guardias” y agregó que tomará «medidas drásticas».
Una de estas primeras medidas fue la proclamación de un nuevo ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Sánchez, con 34 años al servicio de la Policía hondureña, dijo en redes sociales que asume «con mucha responsabilidad este cargo” y que “promete dedicación total».
Una responsabilidad que implicará reforzar la seguridad en las cárceles y reducir la corrupción. Las armas de fuego y blancas que utilizaron las pandillas entraron por culpa de guardias corruptos, según Xiomara Castro.
Castro fue contundente al afirmar que el motín fue “planeado por pandillas callejeras con el conocimiento y la aquiescencia de las autoridades de seguridad”.
Las sobrevivientes y familiares relatan que de manera escalofriante, las pandilleras pudieron equiparse con armas prohibidas, rozar a los guardias y atacar; incluso llevar candados para encerrar a sus víctimas dentro, aparentemente para quemarlas hasta morir.
La intensidad del fuego dejó las paredes de las celdas ennegrecidas y las camas reducidas a montones retorcidos de metal.
Juan López Róchez, jefe de operaciones de la Policía Nacional, reconoció que “un grupo de personas armadas entró al bloque de celdas de una banda rival, cerró las puertas, les abrió fuego”, sin que las autoridades actuaran a tiempo.
Miguel Martínez, vocero del Ministerio de Seguridad, dijo que el ataque fue grabado por cámaras de seguridad, hasta el momento en que los pandilleros las destruyeron en lo que calificó como un ataque “planeado”.
“Se puede ver el momento en que las mujeres superan a los guardias dejándolos indefensos y les quitan las llaves”, dijo Martínez.
Problema histórico de seguridad en Honduras
Las pandillas en Honduras han luchado durante mucho tiempo por el control de las industrias del narcotráfico y la extorsión, y el sangriento conflicto convirtió al país en uno de los más peligrosos del mundo con tasas nacionales de homicidios muy altas.
Desde diciembre, el Gobierno de Xiomara Castro implementó un estado de excepción, siguiendo el modelo seguido por el vecino El Salvador, que suspende algunos derechos constitucionales y permite que las fuerzas de seguridad detengan a personas que consideren asociadas con el crimen.
Lo que hace concluir al gobierno que el motín probablemente fue una reacción a la represión del gobierno en los últimos meses contra la corrupción dentro de las cárceles, dijo el martes Julissa Villanueva, directora del sistema penitenciario, y describió el motín como un «ataque terrorista».
Este no es el incidente más grave en una cárcel hondureña. El peor desastre carcelario fue en 2012, en el penal de hombres de Comayagua, donde 361 reclusos varones murieron en un incendio provocado posiblemente por un fósforo, cigarrillo o alguna otra llama abierta.
Reuters/ EFE/ AP/
