Caracas.- El movimiento Primero Justicia alertó este miércoles que la mayoría de los adultos mayores en Venezuela, calculados en más de cinco millones de pensionados y jubilados, enfrenta condiciones de extrema vulnerabilidad y precariedad económica, agravadas por la falta de respuestas institucionales a sus demandas de calidad de vida y seguridad social.
Edinson Ferrer, vicepresidente nacional de Organización, denunció que el ingreso mensual básico por concepto de pensiones se mantiene rezagado frente a la realidad inflacionaria. Como ejemplo, señaló que la pensión base de 130 bolívares es insuficiente incluso para cubrir el pasaje mínimo urbano —fijado en 140 bolívares a partir del 1 de junio—, incumpliendo la exoneración de pago para la tercera edad establecida en la Ley Integral del Adulto Mayor de 2021.
De acuerdo con datos técnicos de la ONG Convite y la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), Venezuela experimenta un rápido proceso de envejecimiento. Actualmente se registran 51 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, y este grupo representa entre el 10% y 14% de la población total, un incremento impulsado por la caída de la natalidad y la migración masiva de la población en edad productiva (entre 18 y 45 años).
Brecha económica y crisis asistencial
Ferrer destacó que existe una brecha superior al 90% entre el costo de la canasta alimentaria para una persona mayor (estimada en unos 600 dólares mensuales) y los ingresos reales percibidos por pensiones y bonificaciones, que promedian los 70 dólares. “Esta terrible situación ha forzado a miles de nuestros abuelos a incorporarse al comercio informal en jornadas extenuantes; otros a depender exclusivamente del apoyo familiar; y muchos más a vivir de programas de asistencia vecinal o eclesiástica”, dijo.
Asimismo, el informe técnico citado por PJ revela el impacto del entorno social en la tercera edad:
Aislamiento: Cerca de 400.000 adultos mayores viven completamente solos en el país como consecuencia de la migración.
Cargas de cuidado: El 25% de los adultos mayores (predominantemente mujeres) asume la crianza de nietos o el cuidado de familiares con discapacidad, una labor impuesta que deteriora su salud física y emocional.
Salud y servicios: La falta de recursos impide el acceso a tratamientos para patologías crónicas como diabetes e hipertensión, cuyos costos son muy elevados. Además, las fallas estructurales en el suministro de agua potable y los cortes de energía eléctrica deterioran gravemente sus condiciones de descanso y la conservación de sus alimentos.
Plan de emergencia y restitución laboral
Ante esta realidad, Edinson Ferrer planteó la necesidad de activar un plan de emergencia que garantice de forma prioritaria la alimentación, medicinas y atención médica a las personas de la tercera edad, haciendo énfasis en quienes se encuentran en situación de abandono o con alguna discapacidad.
Igualmente, propuso una reforma legal que elimine la discriminación por edad en el mercado laboral. De hecho, recordó que el artículo 80 de la Constitución ampara el derecho de los ancianos a un trabajo digno y acorde a sus capacidades. «Excluir a una persona únicamente por edad es un acto discriminatorio. Miles de adultos mayores, profesionales y técnicos retirados están en plena capacidad física y mental de reincorporarse a la actividad productiva para cubrir el vacío de mano de obra calificada que dejó la migración», señaló el vocero.
Finalmente, Ferrer puntualizó que Primero Justicia respalda el pliego de exigencias de los gremios de jubilados, que incluye la indexación de las asignaciones según el costo de la canasta básica; la restitución del sistema público de salud; el pago del aporte especial del 9% establecido en la legislación vigente; y la eliminación de mecanismos administrativos obsoletos y humillantes como el control de la fe de vida.
