BOGOTá.- En un acto en el Ministerio de Defensa junto a Iván Velásquez, titular de la cartera, el presidente Gustavo Petro presentó a los nuevos rostros de las altas esferas de la seguridad y la defensa en el país andino. «Cero corrupción y cero violaciones a los derechos humanos», exhortó el mandatario, cuyo objetivo es desmarcarse de la política que ha regido hasta ahora y buscar un enfoque de derechos humanos y defensa de paz a todas las escalas, también dentro de esas instituciones.
Con el cambio de Gobierno llegó el cambio de paradigma en materia de seguridad y defensa en Colombia. Gustavo Petro, que lleva menos de una semana como líder del Ejecutivo, ya ha presentado algunas de sus ambiciosas propuestas para que la nación camine hacia un rumbo alejado del conflicto y las hostilidades.
El más reciente paso en esta dirección, además de la voluntad de la reanudación de los diálogos y las negociaciones con la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cuba o el deshielo de las relaciones bilaterales con sus vecinos venezolanos, fue la renovación de la cúpula militar.
El viernes, en la sede el Ministerio de Defensa en Bogotá, la capital, Petro, junto al recién estrenado tituar de esta cartera, Iván Velásquez, anunció cambios importantes en la dirección de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Los requisitos esenciales para el nombramiento de las nuevas cabezas de la estrategia de seguridad y defensa del mandatario eran claros: que no cargaran con acusaciones de corrupción en su contra ni que arrastraran violaciones a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones. La mirada que propone el mandatario está enfocada en la defensa y protección de la paz y los derechos humanos.
Para cerciorarse de que los nuevos nombramientos cumplían con dichos criterios, tanto el presidente como el ministro de Defensa llevaron a cabo un estudio pormenorizado, para evitar cualquier escándalo.
Así las cosas, el general Helder Fernando Giraldo Bonilla, hasta ahora encargado de la lucha contra la corrupción en el seno del Ejército, será el nuevo comandante de las Fuerzas Militares. El ingeniero naval José Joaquín Amézquita estará a cargo del Estado Mayor Conjunto, y Luis Mauricio Ospina, diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, será el comandante del Ejército. La Armada estará bajo el mando de Francisco Hernando Cubides, también diplomado en DDHH; y la Fuerza Aérea ahora tendrá como comandante a Luis Carlos Córdoba, que fue presidente de la empresa de aviación estatal que llega donde no lo hacen las aerolíneas comerciales privadas.
En el seno de la Policía la renovación es asimismo sustancial: Henry Sanabria, que desarrolló gran parte de su carrera en la inteligencia policial, será el nuevo director. Su segunda será Yackeline Navarro, que ha servido en las áreas de formación y organización de la institución y que con su nombramiento se convierte en la segunda mujer en asumir este cargo. «Ojalá pueda mostrar que este mundo dejó de ser de hombres y empieza a tener una presencia con poder de la mujer, mujer que en la fuerza pública tiene que ser absolutamente respetada y valorada», afirmó el presidente sobre Navarro.
Durante la presentación de los nuevos titulares de la estrategia defensiva, Petro quiso marcar distancias con su predecesor, el conservador Iván Duque, quien centró su mandato precisamente en la defensa pero cuyo balance no fue exitoso, al calor de los datos arrojados por las organizaciones especializadas y que hacen seguimiento a esta materia.
El recién estrenado mandatario hizo especial énfasis en la seguridad ciudadana como un elemento esencial para alcanzar la «paz total» que pretende aterrizar a lo largo de los próximos cuatro años.
Su relación con los estamentos militares era una de las grandes incógnitas para muchos, pues siempre se mostró crítico con el rol de estas instituciones en el marco de la política nacional. Además, su pasado guerrillero -militó en el brazo político del M-19, un movimiento insurgente de izquierda- también sumaba incertidumbre al rumbo que iba a tomar respecto a la seguridad en un país donde la violencia todavía forma parte del paisaje habitual.
Objetivos y efectos de la renovación de la cúpula militar
«Pasar a la estrategia de la seguridad humana donde cuidar la vida, los derechos y las libertades de las gentes sea lo fundamental», expresó Petro durante la ceremonia del viernes, que continuó: «Aquí no miramos pensamientos políticos ni nada por el estilo, nos interesa que esta Fuerza Pública sea profesional en todo el sentido de la palabra, que pueda valorar sus hombres y mujeres de base».
Como toda decisión tiene sus efectos colaterales, la orden del presidente colombiano también se sintió en el interno de las instituciones afectadas. La ley del país andino indica que ningún jefe puede tener menos carrera militar que sus subordinados, por lo que el nuevo planteamiento propuesto por el líder del Ejecutivo deja fuera de la institución a más de una veintena de generales con mayor experiencia que sus actuales jefes. Concretamente, 23 generales de la Policía abandonarán sus puestos, en la purga más grande de la historia moderna en Colombia.
Para algunos analistas, esta decisión puede ser un error estratégico, porque quedan por fuera personas ampliamente curtidas y calificadas en esta materia. Sin embargo, para otros este era un paso necesario para dar un nuevo aire al país. En conversación con France 24, Néstor Rosanía, director ejecutivo de Centro de Estudios de Seguridad y Paz de Colombia, destacó la importancia del cambio de doctrina militar y policial.
«Se va a sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y se va a crear un Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia; un Ministerio propio donde va a estar la Policía. Y también lentamente se va a formar a las fuerzas militares para construir una doctrina donde haya un respeto por los derechos humanos», comentó el analista.
Para «garantizar la paz, la disminución de la violencia y de la criminalidad, garantizar el incremento sustancial del respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas», como dijo Petro, para Rosanía es mandatorio romper lazos con la cúpula saliente, ampliamente criticada por sus controvertidas operaciones, como los llamados «falsos positivos» -civiles asesinados que eran contados como guerrilleros caídos en combate- o la represión contra la población durante las protestas sociales de los últimos años, entre otros muchos casos.
«Esa vieja cúpula estaba investigada por temas de violaciones a los derechos humanos, perfilamiento a periodistas, líderes de la oposición y defensores de los derechos humanos y tenían serios cuestionamientos en materia de corrupción», destacó el experto.
Acabar con la impunidad y proteger los liderazgos sociales
Otro de los objetivos fundamentales de la nueva estrategia defensiva del Gobierno Petro es la protección de líderes y lideresas sociales. Para ello, el mandatario ordenó que los mandos policiales y militares tendrán que impedir al máximo que se cometan masacres o haya asesinatos contra estos liderazgos, porque eso afectará directamente a su hoja de vida de servicios, según subrayó en su cuenta de Twitter este sábado.
«La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos».
La comisión de masacres y su impunidad en jusrisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos
Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de lideres sociales
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 13, 2022
Durante los últimos cuatro años, han sido asesinados más de 950 líderes sociales según los reportes del Instituto de Paz y Desarrollo (Indepaz). La violencia en los territorios remotos, donde el Estado apenas ha hecho presencia históricamente, se ha recrudecido por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, dejando graves afectaciones entre la población civil.
Este sábado 13 de agosto se reportó la masacre número 62 en lo corrido del 2022, en la que fueron aniquilados tres hombres en el departamento de La Guajira, al noreste del país. También se reportó el asesinato de un firmante de paz. Así las cosas, este año ya hay contabilizados 32 asesinatos de firmantes de paz, un saldo que aumenta hasta los 338 desde la firma de dichos acuerdos en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC.
EFE/
