Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- El coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Jubilados y Pensionados, Edgar Silva, aseguró que el alza en la cotización del dólar golpea duramente al sector laboral y acentúa la política de “exterminio” en contra del adulto mayor al disminuir drásticamente sus ingresos, producto de la inflación.
“Esa pensión que logramos, después de tantas luchas, que se elevara a 130 bolívares en marzo pasado, representaba unos 30 dólares, equivalente a un dólar diario y al día de hoy apenas supera los 14 dólares, es decir menos de medio dólar diario”, explicó.
Argumentando que el Banco Mundial señala que quienes devengan un salario menor a 1,96 dólares al día están en pobreza extrema, Silva dijo que esto demuestra que el Gobierno no ha sacado de la pobreza a los pensionados, “por el contrario este sistema cambiario que va en aumento cada día agudiza más el deterioro económico de los adultos mayores, que son la parte más vulnerable del sector laboral del país y les priva de la adquisición de alimentos y medicinas, como parte de la política de exterminio que hemos venido denunciando como una violación del Estatuto de Roma”.
-Los trabajadores activos y jubilados están pagando las consecuencias de la política anti laboral de quien se hace llamar presidente obrero, ejecutando un paquete económico que le ha puesto la carga pesada en la masa laboral y provocando el cierre de empresas y, por ende, puestos de empleo, liquidando la producción nacional y promoviendo las importaciones
En otro orden de ideas, Silva aseguró que la inadmisibilidad de la demanda contra el instructivo de la Onapre por parte del Tribunal Supremo de Justicia, “es parte de la política anti laboral diseñada desde Miraflores y el TSJ está para cumplir los lineamientos que le dicten desde Miraflores, independientemente de que afecten a la población”, enfatizó.
El TSJ está -reiteró- cumpliendo con una orden, como todo un bufete de abogados de Maduro, al igual que la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, una instancia que no se siente ni aparece en momentos en que los derechos humanos están siendo vulnerados. El defensor del Pueblo debería asumir su rol a favor de los trabajadores, sin embargo, siempre va a colocarse al lado de Maduro para defender sus intereses.