CARACAS.- El fiscal general Tarek William Saab, arremetió nuevamente contra la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela y el último informe publicado por la instancia, en el cual denuncian la violación sistemática de los derechos humanos por parte del gobierno chavista.
De acuerdo con el funcionario, las denuncias remarcadas en el informe no responden a un estudio exhaustivo sobre las condiciones de Venezuela en materia de derechos humanos, sino que persiguen una finalidad de carácter político, en un intento por deslegitimar a la administración de Nicolás Maduro.
En este sentido, Saab calificó a los miembros de la misión como simples «voceros» de países y personas que intentarían acabar con la estabilidad del país. No obstante, en lugar de presentar los argumentos para desmentir los casos, el fiscal se limitó a criticar la ética a los integrantes de la misión.
«Cuando se trata de derechos humanos, el discurso debe tener siempre un carácter ético y debe diferenciarse y apartarse de toda motivación de carácter político, incluso ideológico, porque nace de los derechos inalienables de las personas», argumentó en una entrevista con la agencia informativa EFE.
El titular del Ministerio Público sostuvo que los informe de la misión de determinación se sustentan en fuentes como redes sociales y opositores al gobierno de Maduro, por lo que «carecen de legitimidad» y podrían ser desmentidos «fácilmente» por las autoridades venezolanas.
«Utiliza fuentes de Twitter, por ejemplo, de redes sociales, o personas que siendo prófugos de la justicia venezolana, ellos entrevistan. Eso carece totalmente de legitimidad. Nosotros tenemos cómo, fácilmente, a todos los casos que ellos mencionan, responder con datos para desmentir», destacó.
Saab justificó el accionar supuestamente correcto del Ministerio Público con los procesos penales aplicados contra diferentes funcionarios de los organismos policiales venezolanos, pues según el fiscal, los abusos y excesos de poder de los uniformados en este país se condenan.
Explicó que, en lo que va de 2022, por este tipo de delitos y otros, se han imputado a 533 funcionarios policiales y militares, además de 20 «colaboradores». De este grupo, ya 83 recibieron condena.
El funcionario utilizó este dato para fustigar a la misión de determinación por no incluir las imputaciones a funcionarios policiales en sus informes. «El trabajo no es reseñado por la misión en su informe, ni siquiera lo menciona a pesar de que son fuentes públicas», subrayó.
Al ampliar el rango de tiempo, las cifras del Gobierno en esta materia son más abultadas. Desde 2017, cuando Saab asumió como Fiscal General, han sido imputados 1.463 funcionarios del Estado, de los cuales 358 —menos de un tercio—, recibieron condena.
Saab conforme con Acnudh
Frente a su desacuerdo con la misión, a la que no considera una organización seria y dialogante, Saab mostró su respeto por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), liderada hasta el pasado 31 de agosto por la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
Además, a su juicio, el grupo de determinación de los hechos va «a contracorriente, tiene un lenguaje totalmente diferente y se distancia enormemente de lo que hace la Acnudh», que «ha elogiado, ha reseñado de manera positiva la labor que el Ministerio Público ha desarrollado en materia de derechos humanos».
Recordó que, desde 2019, bajo el mando de Bachelet, la ONU ha hecho control sobre el país y ha emitido recomendaciones que fueron verificadas posteriormente y, aunque no todas fueron seguidas, valieron a Venezuela el reconocimiento por parte del organismo internacional, con el que se desarrolló un «diálogo totalmente sano, directo, con interlocución totalmente abierta».
Saab también destacó que la ACNUDH tenga oficina permanente en la nación caribeña, por lo que puede verificar in situ los hechos, con visitas a las instituciones que considere, a diferencia de la misión de determinación.
EFE/
