TOKIO.- Poco más de dos minutos después de que Shinzo Abe, ex primer ministro de japón, tomara el micrófono para hacer uso de la palabra como parte de una campaña política, sonaron dos disparos. Al menos unos seis guardias se lanzaron contra el atacante, pero ya era demasiado tarde. Abe había sido herido de muerte.
Seis meses después del suceso, el detenido, identificado como Tetsuya Yamagami, ha sido formalmente acusado de homicidio y de violar la ley de control de armas. La demora tenía una explicación: Yamagami no podía ser enjuiciado sin demostrarse que es apto para enfrentar un proceso judicial y que es consciente de sus actos.
El motivo del magnicidio sería la relación de Abe con un grupo religioso reprobado por el asesino. En las pruebas que se le atribuyen, entre las que se encuentran publicaciones en redes sociales, el imputado ya había manifestado que su madre había hecho grandes donaciones a estos grupos y que eso los llevó a la banca rota.
Uno de sus abogados dejó claro que Tetsuya Yamagami pagaría por las consecuencias de sus actos, pero indicó que su defensa trabajará en reducir su sentencia. La ley japonesa permite la pena de muerte en casos de homicidios. La clave del caso es que la pena capital se aplica cuando se han cometido varios asesinatos, por lo que en este caso se espera una sentencia de cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.
La policía estudia, además, agregar otras acusaciones contra el sospechoso, entre las que se puede encontrar la fabricación de armas o la violación de la ley de control de explosivos.
Miles de personas han firmado una petición de clemencia para Tetsuya Yamagami, incluso han ayudado a su familia o le mandan paquetes de ayuda a prisión.
Un llamado de atención respecto a la seguridad
Japón es conocido por ser uno de los países en los que la seguridad pública es bien calificada. Un importante control de armas es parte de esta política de resguardo.
El asesinato de Abe creó una tormenta de cambios dentro de la policía a niveles locales y nacionales. También fue un llamado de atención para la seguridad de personalidades locales y líderes políticos.
El secretario jefe del gabinete japonés, Hirokazu Matsuno, reaccionó a la acusación de Yamagami. Afirmó que se debería «tomar muy en serio el atroz acto de violencia que resultó en la muerte del ex primer ministro». Matsuno aprovechó la ocasión para reafirmar el compromiso de su país con la seguridad de la cumbre del G7 y las próximas elecciones locales y nacionales que se celebrarán.
AP/
