QUITO.- Las amenazas fueron proferidas desde un número que tiene una foto de la fiscal como imagen de usuario, con un número con código de Ucrania, y se suman a lo que Salazar ha denunciado como “intentos de amedrentamiento”, supuestamente también dirigidos hacia su familia.
La Fiscalía emitió un comunicado en el que invita a los ciudadanos a mantenerse «vigilantes ante todo intento de tomarse esta institución por cualquier vía y costo”, haciendo alusión a los cuestionamientos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y del Consejo de la Judicatura en contra de la autoridad de Salazar al frente del Ministerio Público.
El Consejo de la Judicatura abrió un procedimiento disciplinario contra Salazar, que está en el cargo desde 2019, a quien se acusa de haber plagiado su tesis de grado, y el CPCCS la convocó para el viernes a una audiencia pública en relación con esta denuncia. La fiscal ya adelantó que no atenderá la citación y consignará sus respuestas por escrito.
Ni persecución ni imposición
El Consejo de la Judicatura publicó el martes un comunicado en el que niega que pretenda sancionar o destituir a Salazar, y asegura que lleva a cabo “un trámite normal”, con “respeto a las competencias de cada órgano del Estado”, para intentar sustentar las denuncias contra Salazar de haber obtenido su título de manera fraudulenta, lo cual la inhabilitaría para el cargo que desempeña.
La fiscal ha asegurado que esta instancia no tiene facultad para revocar su elección o suspenderla de su cargo, una competencia que, sostiene, recae en la Asamblea Nacional que ha quedado cesante tras la “muerte cruzada” decretada por el presidente Guillermo Lasso.
El mandatario ecuatoriano se solidarizó con Salazar tras la denuncia de amenazas de muerte, y prometió que le brindará toda la protección necesaria para mantenerla a salvo.
La fiscal del caso Sobornos
A su llegada a la Fiscalía General en 2019, Diana Salazar fue el rostro más visible del caso Sobornos, por el que en 2020 fue condenado a ocho años de prisión el expresidente Correa, además de quedar inhabilitado para aspirar a cargos de elección pública.
Correa se encuentra residenciado en Bélgica con condición de refugiado, y se ha declarado perseguido político. Desde ese país restó importancia a las denuncias de Salazar y aseguró que la fiscal está «dispuesta a todo para que no se investigue el plagio de su tesis».
Más recientemente, Salazar ha sustanciado un expediente en el que se persigue la acusación por peculado del exvicepresidente Jorge Glas y otros funcionarios del gobierno de Correa, por irregularidades en la ejecución de recursos para la construcción de una carretera entre Manta y Colisa, en la costa central de Ecuador.
EFE/
