MADRID.- La fecha está fijada. Este 13 de noviembre el partido PSOE anunció que Pedro Sánchez será investido nuevamente como presidente el próximo jueves, tras llegar a un acuerdo de amnistía con los independentistas catalanes que ha generado rechazo entre la derecha y la extrema derecha del país. Así lo confirmó la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ha definido que el debate de investidura iniciará el miércoles y finalizará el jueves, ya con un nuevo gobierno oficial.
“Tras mantener una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios excepto con Vox (extrema derecha), Sánchez está en condiciones de acudir a un debate para su investidura como presidente”, apuntó Armengol durante una comparecencia pública.
Tras presentar su programa de gobierno el miércoles, la votación para investir al socialista como presidente se llevará a cabo el jueves. Para conseguirlo necesita una mayoría absoluta de votos a favor, conseguida tras los acuerdos con los independentistas catalanes –Junts per Catalunya– y los nacionalistas vascos –PNV–, junto a otras cinco formaciones políticas.
Diálogos que han llevado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de Sánchez, a conseguir 179 apoyos de los 350 diputados que componen el Congreso, superando los 176 necesarios para repetir al frente del Ejecutivo.
Enfrentamientos con la derecha y la extrema derecha
Este proceso será la culminación del encargo del rey Felipe VI el pasado 3 de octubre a Pedro Sánchez para formar gobierno –recordemos que España es una monarquía parlamentaria y para investir a un presidente se necesita el aval del rey—. Todo después de que el líder del derechista Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, no lograra los apoyos necesarios para convertirse en mandatario el 29 de septiembre, a pesar de que su partido fue el más votado.
Algo que, junto a la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes, ha aumentado la tensión política y social de cara a la investidura. Este mismo lunes los socialistas españoles presentaron el proyecto de ley de amnistía para los implicados en el ‘procés’ catalán, que anulará la «responsabilidad penal, administrativa y contable» contra más de 300 independentistas y 73 policías.
Y es que esta amnistía no se aplicará solo a los dirigentes políticos independentistas, si no que también a otras figuras como directores de colegios electorales, alcaldes, agentes policiales y también ciudadanos que participaron en contra de la sentencia del ‘procés’ en noviembre de 2019.
Tras el anuncio del acuerdo y la publicación del documento de la ley de amnistía este lunes la derecha española no ha tardado en reaccionar. El PP aseguró que era necesario “repetir las elecciones” porque Sánchez había “engañado” a sus votantes al pactar con los independentistas. La formación ha llegado incluso a pedir la intervención de la Unión Europea en contra de Sánchez.
La extrema derecha española tampoco ha guardado silencio. El partido Vox aseguró que solicitarán al Tribunal Supremo la suspensión del pleno de investidura este mismo martes para intentar frenar el proceso de formación de Gobierno.
Tanto el PP como Vox están en la misma línea. Ambas formaciones han pedido la movilización a sus votantes en la última semana contra el acuerdo con los independentistas catalanes y la amnistía. Solo ayer, cientos de miles de personas en todas las capitales de provincia españolas se han manifestado contra la amnistía.
Por su parte, Sánchez ha abogado por la “cordura” y ha defendido lo que denomina como el «gobierno de progreso». Armengol, la presidenta del Congreso, también ha pedido “diálogo y consenso” en este momento de tensión social.
“Pido cordura y mesura al PP. Que acepte el resultado de las urnas y la legitimidad del Gobierno que muy pronto formaremos. Que sea valiente y diga no al abrazo del oso de la ultraderecha y abandone la senda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo. Gobernaremos para todos los españoles”, apuntó Pedro Sánchez este sábado.
En medio de la tensión social y la posibilidad de nuevas protestas, el Congreso ha redoblado la seguridad de cara al debate de investidura en sus inmediaciones para evitar posibles altercados con los manifestantes de derecha y de extrema derecha.
EFE/
