PUERTO PRÍNCIPE. Haití se mantiene en una espiral de violencia. El 15 de noviembre, disparos y amenazas de quemar las instalaciones obligaron a la evacuación de decenas de pacientes del hospital Fontaine ubicado en el barrio de Cite Soleil, uno de los sectores de la capital más castigados por la violencia de las pandillas.
Escenas de madres con sus hijos en brazos corriendo a patrullas policiales blindadas para ser evacuadas y de personal médico sacando a los bebés recién nacidos de sus incubadoras marcaron la violenta semana en Puerto Príncipe.
«Dispararon balas contra una puerta de cristal del hospital, cerca de la sala de maternidad, ante esa situación, decidimos evacuar a los pacientes», afirmó Jean-Baptiste Loubents, médico del Fontaine.
Según cifras de Naciones Unidas, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, se han reportado más de 1.230 asesinatos y alrededor de 701 secuestros en Haití, más del doble de lo reportado en el mismo lapso de 2022. Los ciudadanos atribuyen la escalada violenta a un vacío de poder y a la incapacidad del Estado.
«Una gran decepción es que el Estado haya desaparecido», lamentó Jose Ulysse, director del hospital Fontaine, quien afirma que la espiral de violencia en Haití es provocada por la competencia terrritorial entre los grupos criminales.
Existen entre 200 y 300 organizaciones criminales en la nación caribeña, las cuales ya controlan un 80% del territorio capitalino, según organismos humanitarios.
Las batallas más sanguinarias son protagonizadas por la G9, fundada por Iscar Andris, asesinado la semana pasada, y liderada por el temible capo Jimmy «Barbecue» Cherisier, y por la coalición criminal GPEP.
La falta de combustible aumenta la gravedad de la crisis
Los enfrentamientos entre las pandillas también mantienen a la población en incertidumbre en torno al suministro de combustible. La terminal portuaria de Varreux, responsable de almacenar alrededor del 70% de las reservas de gasolina, diésel y queroseno del país, dejó de funcionar por dos días debido a los daños que sufrió su infraestructura por los combates entre la G9 y GPEP.
«Agradecimientos especiales al PNH @pnh_officiel -Policía Nacional- y a los guardacostas haitianos que han permitido reanudar hoy la entrega de productos petrolíferos», expresó la terminal a través de su cuenta de X, el 16 de noviembre, después de dos días donde reportaron no haber realizado ningún cargamento de combustible. A pesar de ese anuncio, las largas filas en las gasolineras se mantienen en varios puntos del país.
Un remerciement spécial a la PNH @pnh_officiel et aux gardes cotes d’Haiti qui ont permis la reprise de la livraison des produits pétroliers aujourd’hui.#WINECO #STORAGE #Haiti— Terminal Varreux (@TVarreux) November 17, 2023
La escasez de combustible en Puerto Príncipe provoca el aumento exponencial de las tarifas de transporte y la suspensión de labores en centros médicos que, en su mayoría, dependen de generadores eléctricos impulsados con gasolina.
La situación ha exacerbado la crisis humanitaria en un país donde alrededor de 5 millones de personas dependen de la asistencia internacional, según cifras de Naciones Unidas.
Las manifestaciones por la escasez de carburantes son recurrentes en Haití, el país más pobre de América. Desde 2018, el país ha experimentado repetidos cortes de combustible, siempre con un grave impacto en la población y en la economía.
Haití sigue a la espera de la fuerza multinacional de apoyo
El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el pasado 2 de octubre el despliegue de una fuerza armada multinacional en Haití, un país que afronta no solo una crisis de violencia sino también política tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, en julio de 2021.
Como parte de esa iniciativa, el Parlamento keniano aprobó el envío de más de 1.000 efectivos policiales, con el objetivo de reforzar las fuerzas de seguridad estatales en Puerto Príncipe y poder combatir con mayor eficacia la presencia de las pandillas en el territorio.
A pesar de las constantes peticiones de ayuda por parte del primer ministro de Haití, Ariel Henry, que quedó como encargado temporal del gobierno después de la muerte de Moïse, muchos legisladores kenianos se encuentran dubitativos.
«Nuestros parlamentarios están desobedeciendo una orden judicial. (…) Nuestro Parlamento ha vendido su alma a los Estados Unidos, que quiere limpiar el desastre que ha causado en Haití», dijo Ekuru Aukot, legislador opositor que impulsó una demanda en contra del despliegue policial keniano en Puerto Príncipe, alegando que las únicas fuerzas de seguridad que pueden ser enviadas al extranjero son del Ejército.
Las quejas de Aukot fueron recibidas por el Tribunal Superior, que emitió una orden de suspensión temporal para la medida. Ahora, el hemiciclo keniano, con mayoría oficialista, dio el ‘sí’ al despliegue.
Haití necesita de la ayuda internacional de nueva cuenta para solucionar la crisis humanitaria. Con 200.000 personas desplazadas por la violencia pandillera, según los reportes de Naciones Unidas, y con 4.3 millones de habitantes en situación de hambre, Puerto Príncipe no ve la luz al final del túnel.
AP/ Reuters/ EFE/
