Caracas.- El defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, cumple 1000 días de detención este 28 de marzo, Jueves Santo.
A través de la cuenta en X de la organización, recordaron la fecha señalando que el proceso judicial de Tarazona ha estado «plagado de irregularidades y abusos». Junto a la publicación presentan un video que detalla la cronología de su caso.
«¡Basta de criminalizar la defensa de los DDHH!», exige la ONG.
#1000DíasTrasLasRejas | Hoy se cumplen 1000 días de la detención arbitraria de Javier Tarazona, defensor de DDHH y director de FundaRedes.
El Estado venezolano viola flagrantemente los derechos humanos de Javier Tarazona al someterlo a un proceso judicial plagado de… pic.twitter.com/t6mUYJ0Vct
— FundaREDES (@FundaREDES_) March 28, 2024
El pasado 12 de enero de 2024, Clara Ramírez, defensora de los derechos humanos e integrante de la organización no gubernamental Fundaredes, aseveró que la salud de Tarazona «está visiblemente deteriorada».
En entrevista con Aula Abierta, dijo que la salud del también profesor universitario «empeora», y recordó que previo a su detención tenía enfermedades cardiovasculares, y respiratoria «pero hoy sufre 10 patologías».
«Toma 19 medicamentos diarios», dijo; y detalló que actualmente sufre de hipertensión arterial, arritmia cardíaca, síndrome cardiometabólico, asma, taquicardia, insuficiencia venosa en grado dos, soriasis, fisuras rectales, neumonía atípica.
Caso Javier Tarazona
El activista, preso desde el 2 julio de 2021, denunció activamente un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional (FAN) y disidencias de las FARC que se desarrolló en una zona fronteriza con Colombia ese año, ante la falta de datos oficiales.
El pasado 19 de diciembre de 2023, Fundaredes denunció el aplazamiento del juicio oral y público, que estaba previsto para entonces, pero quedó suspendido hasta el próximo 9 de enero. Tarazona se mantiente detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas,
Tarazona, víctima de un «retardo procesal», según organizaciones y abogados, lo detuvieron cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la Policía de esa región, agentes del Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces la ONG. Posteriormente, le imputaron los delitos de incitación al odio, terrorismo y «traición a la patria».
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