Boluarte critica la violencia de las marchas y reitera que su gobierno «está firme»

LIMA.- Una nueva jornada de tensión vivió la capital de Perú, Lima, en la que manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la policía se enfrentaron de forma violenta en las calles de la capital. La marcha estaba convocada a partir de las cuatro de la tarde hora local y comenzó de forma pacífica, aunque terminaron produciéndose enfrentamientos con los agentes de seguridad, que previamente habían blindado las calles. 

Poco antes de estas escenas, los miles de personas llegadas de todas partes del país reclamaron por medio de cánticos y consignas la renuncia de la mandataria. Entre los manifestantes abundaban las banderas de Perú y la wiphala, usada con frecuencia por algunas comunidades indígenas.

«Nosotros reclamamos que se vaya este Gobierno (de) facto. Usurpadora (referido a Boluarte), no queremos que sigan muriendo más de nuestros compatriotas. No estamos en una guerra civil y aún así está asesinando a nuestros hermanos. No queremos una guerra civil», declaró a la agencia EFE el manifestante Víctor Pérez.

El objetivo de los manifestantes estaba en llegar al barrio de Miraflores, uno de los más ricos de la ciudad, pero la policía respondió con el uso de bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud. Una reacción que tuvo su respuesta de parte de los manifestantes por medio de lanzamiento de piedras y objetos, algo que hizo que se observaran imágenes de batalla campal en el centro de la capital peruana.

En medio del caos incluso un incendio arrasó una casona histórica en el centro de Lima. Mientras se incrementaban los enfrentamientos en la cercana avenida La Colmena, se vio que las llamas comenzaron a aparecer en el tejado de la casona de un gran edificio ubicado a pocos metros de la plaza, lo que generó el despliegue de la Policía y miembros de sanidad para atender la emergencia.

Ante la situación, la presidenta Boluarte dio un mensaje televisivo a la nación en el que se acusó a los manifestantes de ser «violentos» y de «quebrar el Estado de derecho» y generar «caos y desorden» para «tomar el poder de la nación». 

La mandataria, quien fue vicepresidenta de Pedro Castillo pero no apoyó al expresidente en su intento de cerrar el Congreso, es considerada una «traidora» por los manifestantes, personas que en su mayoría vienen de regiones agrícolas y mineras al sur del país y que exigen elecciones anticipadas y una serie de cambios constitucionales en Perú.

Boluarte, por su parte aseguró, que «en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesita (…) Ustedes quieren generar caos y desorden para, dentro de este caos y desorden, tomar el poder de la nación». Algo a lo que la presidenta se niega por el momento, ya que en ese mismo discurso afirmó que su «gobierno está firme» aunque se hayan incrementado las protestas.

A pesar de la contundencia de sus palabras, Boluarte afirmó seguir abierta a dialogar sobre la convocatoria de elecciones y un proceso constituyente, aunque advirtió que todos los manifestantes que continúen por la senda de la violencia sufrirán el actuar de «todo el peso de la ley». Para ello se están «individualizando a estos malos ciudadanos que están generando actos de violencia».

Gobierno expande estado de emergencia a tres regiones 

Ante las protestas y cortes vividos en todo el país, especialmente en la región sur, el gobierno anunció la declaración del estado de emergencia en tres regiones más, lo que hace que el total ya sea de siete. Los territorios afectados por la norma son los de Amazonas, La Libertad y Tacna.  

Anteriormente, el Ejecutivo renovó los 30 días de vigencia de la emergencia en Puno, Cuzco, Lima y Callao.  

El estado de emergencia consiste en la autorización a las fuerzas armadas de velar por la tranquilidad ciudadana junto con la policía nacional. También quedan suspendidos los derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad de la vivienda, entre otros.  

La norma estipulada regula la interacción de las fuerzas del orden. Reglamenta que el actuar de estas se realiza con la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de fuerza de los militares. 

Trabajadores de la prensa peruana fueron agredidos en medio de las protestas 

El canal peruano América Televisión informó que este jueves al menos cinco de sus trabajadores fueron agredidos por los manifestantes. El hecho sucedió mientras realizaban la cobertura de las muestras de descontento. 

La televisora mostró fuertes imágenes en las que se observaba el carro del canal con los cristales rotos y piedras de grandes dimensiones dentro del mismo. También se pudo observar, a parte del grupo de trabajo, uno de ellos con los dientes rotos.  

Los manifestantes rodearon el vehículo y lanzaron, además de las piedras, objetos contundentes como bloques de cemento. Estos no son los únicos casos reportados. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú expone constantemente las acciones de acoso que sufren algunos reporteros, tanto independientes como representantes de medios.

Una jornada marcada por la movilización desde las provincias y los cortes de carreteras

Con gritos como “afuera presidenta” y “la dictadura va a caer”, transcurre una masiva protesta en Lima, a donde han llegado personas provenientes de distintas regiones peruanas en el marco de una gran marcha antigubernamental.

En autobuses y a pie, miles han viajado durante dos días hasta la capital, portando banderas y pancartas que critican al Gobierno y a la Policía por presunto uso excesivo de la fuerza, tras los enfrentamientos fatídicos en ciudades sureñas como Ayacucho y Juliaca.

“Queremos centralizar nuestro movimiento aquí en Lima, que es el corazón de Perú, a ver si se mueven”, afirmó Domingo Cueva, un manifestante en la estatal Universidad de San Marcos.

Algunos grupos, principalmente de campesinos e indígenas, se han alojado en los campus de las universidades de San Marcos e Ingeniería, apoyados por los estudiantes para participar en las movilizaciones.

Simultáneamente, la violencia se extiende por distintas zonas de la nación, así como los bloqueos de carreteras y de vías intermunicipales. De acuerdo con datos oficiales, las interrupciones al tránsito de vehículos continúan en más de 10 regiones.

Las autoridades han desplegado un significativo dispositivo de seguridad. Solo en Lima el Gobierno ordenó la presencia en las calles de más de 10.000 agentes.

Un mes y medio después de la destitución y arresto de Pedro Castillo tras intentar disolver el Congreso de forma infructuosa, la ira contra el actual Gobierno aumenta.

Los manifestantes rechazan la propuesta del Congreso de convocar a elecciones generales para abril de 2024 y exigen que el cambio de Administración sea completo e inmediato. Por ende, piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien se desempeñó como vicepresidenta de Castillo y asumió el liderazgo del Ejecutivo y el Cierre del Legislativo.

Según el calendario oficial, el proceso estaba pautado para 2026, cuando concluía el periodo para el que fue elegido el derrocado mandatario, quien permanece en prisión preventiva.

Aumenta a 54 la cifra total de fallecidos

Este jueves 19 de enero fue confirmada la muerte de un manifestante más que había resultado herida y recluido en un hospital un día antes tras enfrentamientos entre activistas y la fuerza pública en la localidad de Macusani, en la sureña región de Puno.

Su fallecimiento eleva a 54 la cifra oficial de víctimas mortales desde que iniciaron las protestas el pasado diciembre.

Entre las personas que perdieron la vida se encuentran nueve ciudadanos que no participaban en las protestas.

El miércoles 18 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia de las fuerzas de seguridad y también los destrozos a bienes públicos causados por los manifestantes.

«Condenamos la violencia por parte de las fuerzas de seguridad que están en proceso de investigación y también la violencia que ha afectado a una serie de bienes públicos», expresó el vicepresidente de la Comisión, Edgar Stuardo Ralón.

Suspenden las operaciones los aeropuertos de Cusco y Arequipa

Este jueves, las autoridades cerraron el aeropuerto de Arequipa, en el sur de Perú, como «medida de seguridad», luego de que se registraran enfrentamientos entre policías, que utilizaron gases lacrimógenos, y manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras.

A pesar del resguardo de policías y militares, cientos de manifestantes lograron ingresar al Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, muchos de ellos tras derribar un cerco perimétrico de la terminal aérea.

Posteriormente, las autoridades informaron que recobraron el control del aeropuerto.

Entretanto, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que “como medida de prevención” suspende temporalmente las operaciones del Aeropuerto Internacional Velasco Astete, de la turística ciudad de Cusco.

“Esta acción se realiza en el salvaguarda de la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas”.

La prensa peruana reporta que las restricciones al transporte aéreo dejan cerca de 150.000 pasajeros afectados y se prevé que sus afectaciones sigan presentándose hasta julio.

«Ni democracia ni paz»

El miércoles, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, aseguró que si no se cumplen estas demandas no habrá «ni democracia ni paz» en el país.

Si Boluarte renuncia, al no tener nadie ocupando la Vicepresidencia, el mando del país pasaría al presidente del Congreso, el conservador José Williams Zapata. Es en parte por eso que los manifestantes piden un cambio total de los poderes en Perú.

Sin embargo, la presidenta, que sucedió al izquierdista Pedro Castillo, a quien la Justicia acusa de haber buscado un golpe de Estado, mantiene que su intención es quedarse en el cargo.

AFP/ Reuters/ EFE/

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