Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- Representantes de la coalición sindical del magisterio portugueseño responsabilizaron al presidente Nicolás Maduro y. a la ministra de Educación, Yelitze Santaella, del inminente fracaso del nuevo año escolar 2023-2024 al seguir de espaldas a los reclamos salariales y los emplazaron a la firma de la tercera convención colectiva antes del próximo 2 de octubre para evitar la prolongación del conflicto laboral.
Como parte de las asambleas informativas llevadas a cabo en los catorce municipios del estado Portuguesa, la secretaria general de Fetramagisterio, Aura de Chávez, destacó que con este tipo de actividades buscan “oír el clamor de los educadores en torno a la problemática que se viene arrastrando y que culminó con un año escolar muy traumático, fallido, por cuanto la educación no se pudo impartir como debe ser en Venezuela”.
-Hacemos responsable al Presidente y la ministra, de no producirse antes del 2 de octubre un pronunciamiento de firmar la convención colectiva y darle un salario justo al magisterio en Venezuela, de ser los únicos responsables de que el año escolar 2023-2024 continúe en las mismas condiciones de conflicto porque no es justo que los educadores no tengan ni para el pasaje para poder asistir a clases, comentó.
En ese sentido, instó al Gobierno nacional a sentarse con las 17 federaciones nacionales a evaluar la tercera convención colectiva, tomando en cuenta que lleva más de tres años vencida y únicamente se han aprobado 17 “cláusulas de relleno”, al tiempo que exhortó a los dirigentes sindicales a retomar la conducción del reclamo laboral en todo el país.
“Hacemos un llamado a todas las coaliciones para unificar criterios y hacer las acciones de manera organizada, queremos salir nuevamente a la calle en todo el país, a decirle al gobierno que los docentes venezolanos nos estamos muriendo de hambre, no puede ser que un docente esté por debajo de los 5 dólares quincenales para sustentar a su familia”, dijo.
La representante de Fetramagisterio sostuvo que los docentes no se niegan a trabajar pero el gobierno los obliga a paralizarse al no poder acudir a dar clases los cinco días porque el salario no les alcanza para sus necesidades primordiales.
