El presidente y candidato Nicolás Maduro Moros recurrió a la Sala Electoral del máximo tribunal, solicitando amparo y por vía de revisión de los resultados en actas, verificar la verdad de la elección presidencial del 28 de julio que él pretende, aplicado a la totalización y adjudicación que acusa para justificar la proclamación de que fue objeto el martes 30 de julio próximo pasado; recurso al que apela justo cuando la denominada comunidad internacional reclama transparencia de un evento cuya administración en manos del CNE como poder electoral, no ha podido ser caracterizada por la virtud.
Mandatarios titulares y clubes de expresidentes, ONGs dedicadas a la especialidad de DDHH en materia electoral, de aquellos gobernantes, algunos antagónicos y otros socios cómplices en asociaciones geopolíticas y de intereses económicos, así como órganos internacionales de integración subregional como la OEA, muy devaluado éste últimamente, como también el caso de los mandatarios de Brasil, México y Colombia, expresiones del socialismo del Siglo XXI que se abrazan a una maniobra mediante la cual paralelamente no se pronunciaron en la solicitud de averiguación que se propuso en la reunión de emergencia en la OEA (31 julio 2024) pero punto y aparte se presentan como terciarios, árbitros y bienhechores que por cierto ha alumbrado a unos cuantos opositores venezolanos vinculados a la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD) que no es la primera vez que naufragarían en una estrategia de alta política.
La táctica maestra de Maduro es ganar tiempo, considerando entre otras variables, el lapso que falta para la toma de posesión del período 2025-2031, el 10 de enero próximo, tal lo determina la Constitución.
Los partidos postulantes y el candidato Edmundo González Urrutia (PUD) no consignaron las copias de actas de votación de cada mesa electoral de las que aseguran tener 90%, derivado de la representación de los testigos acreditados y que presenciaron el acto electoral individualizado y correspectivo, validado conforme al protocolo previsto en el manual de funcionamiento de las mesas, como autoridad electoral para cada acto específico que sujeto a una verdadera y válida revisión y cotejo con las similares que tengan los otros factores, deberían coincidir con las que sirvieron de soporte al CNE en la certificación y totalización para la adjudicación y proclamación, legitimándola o desvirtuándola, dependiendo de la comparación y operaciones reglamentadas en el ordenamiento jurídico vigente en la normativa electoral venezolana, tal como ha ocurrido con elecciones ocurridas en la República desde los años noventa y tres en adelante.
Ahora, resulta que en medida cautelar y para mejor proveer, la Sala Electoral del TSJ decidió hacer solo con los ejemplares consignados por 33 de los 38 partidos concurrentes a la comparecencia en audiencia y aportantes de las pruebas solicitadas (actas), así pronunciarse del petitum del solicitante del amparo.
La PUD acusó fraude mediante denuncias en los medios de comunicación social y, en actos de protesta pacífica formalmente convocados, no obstante manifestaciones de insatisfacción que con algunos episodios de violencia se llevaron a cabo inmediatamente a los boletines emitidos por el poder electoral para anunciar la reelección de Maduro, paralelamente revelar que el denominado sistema electoral venezolano blindado fue boicoteado por hackers (piratas electrónicos), justo en la sala de totalización ubicada en la sede central del CNE en la plaza Caracas, de donde se supone fue impresa la nota o el suplemento que sirvió para el escueto anuncio del rector Elvis Amoroso, ya en horas del 29 de julio, con el solo aplauso de los concurrentes a la carpa, observadores electorales todavía en el país (ya escapados los del Centro Carter) y los factores del Polo Patriótico, en razón que fue negada desde temprano la presencia de la designada por la PUD, Delsa Solórzano, en cumplimiento de órdenes superiores por la seguridad en el asiento del principal rector electoral.
Como no puede darse una repetición de escenarios y resultados, esta elección del 28 de julio es atípica en comparación con eventos similares en el mundo entero. La campaña fue polarizada entre el candidato a la reelección y una líder política a la que le fue negada la inscripción como candidata pero que fue el buque de guerra de la oposición, no obstante un candidato simbólico que no recorrió el país, salvo algunos actos contados con las manos, la ingeniera María Corina Machado Parisca fue objeto de maltratos, impedimentos de desplazamientos, persecuciones a ella y a los suyos, incluso detenciones arbitrarias a integrantes de su equipo político, atropello a proveedores de servicio, no solo en hoteles y restaurantes, sino hasta mini tecas, vendedores ambulantes de comida, dueños de caballos, vehículos y motorizados, negándoles suministro de gasolina o levantamientos de procedimientos de cierre acompañados de ordenamientos irregulares (vías de hecho) por órganos reguladores de actividades, como el SENIAT por ejemplo.
Venezuela reconoce varios episodios en ese sentido, pero lo ocurrido en esta elección admite una inquisición histórica con patente nacional que con seguridad la comunidad científico-política se pronunciará oportunamente, mientras el desenlace de esta crisis paradigmática por las anomalías que se suman cada día, da cuenta de un país que ha retrocedido en ejercicio democrático. No hay transparencia, equilibrio en las condiciones y posibilidades de participación, separación de poderes, autonomía de éstos, con unas fuerzas armadas y cuerpos de seguridad de orden público utilizados para derribar a los ciudadanos.
El nacional, poblador, habitante venezolano; agotado, pertinaz, despojado, por la falta de servicios y de bienes, deterioro de medios para alcanzar caudales o peculios suficientes, incluso precarios para la subsistencia, creídos que con la oportunidad para votar y manifestar su soberanía, superando obstáculos, amenazas, sanciones económicas del extranjero y, escuchando burdas excusas de la incapacidad oficialista para no proveer el óptimo funcionamiento de las instituciones, mientras la calidad de vida es algo efímero para muchos, podía lograr el camino a la redención, la paz social, la educación, la salud y, especialmente la comida suficiente para sobrevivir, ahora está nuevamente siendo la parte más débil y soportadores víctimas principales de la crisis.
La caradura burocrática del chavismo-madurismo, partidocracia y sociedad civil privilegiada desde 2002, han poseído la acusación de fraude como una constante. Ulteriormente de lo pretérito en 2019 con la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente de la República incriminada concisamente al presidente Donald Trump (EEUU) con andamio de la Unión Europea y varios gobiernos de la región, las formas de liar los bártulos políticos. Tratándose de una práctica fallida y de mal resultado después de cuatro años, se divinizó para algunos políticos aún como dispositivo de operable automatismo en el futuro por venir.
Ejemplos, la industria petrolera venezolana PDVSA quebrada y con cualquier cantidad de anomalías funcionales que van, desde el deterioro físico, la ruina de su patrimonio, corrupción en su manejo, denunciada y en averiguaciones sin resultados, menos en reparo del daño histórico y financiero ocasionado a la nación; paralelamente, una parte de la oposición deslucida, cuestionada, sofista, conforme es denunciada por propios, que entre otras dice liderar un gobierno interino, manejando activos venezolanos en el exterior, incluso con evidente enriquecimiento con sus modos de vivir en paraísos financieros y de primer mundo, caso de jefes partidistas que son despreciados en las apariciones públicas que han pretendido en Europa y EEUU, últimamente.
Contra esas maneras de vida, votó la gente el 28 de julio, no obstante tener que soportar la presencia de algunos nauseabundos, a quienes se soportó como dijo Rómulo Betancourt en 1959, cuando escuchando el reclamo porque se reunía con el alto mando militar que abogaba por la protección y libertad a los jerarcas castrenses del perezjimenizmo, el experimentado político dijo que de vez en cuando había que taparse la nariz.
Esta elección superó el síndrome de la abstención como práctica política; la omisión o la ausencia no es participación, más bien es una negación, negligencia voluntaria, renuncia a un derecho, ceder el poder soberano de cada individuo que abandona la universalidad y la manera directa de expresarse.
También puso al descubierto, un régimen bienquistado de “ilegitimo” y violador de los derechos humanos (DDHH), en consecuencia se desnudó un poder electoral secuestrado y validó del mismo modo la presencia de un poder electoral paralelo cívico, representado en los ciudadanos que no creen en los resultados publicados por el CNE, efecto y consecuencia que no se sabe en que derivará.
Ahora bien, ¿qué hacer con resultados adversos de lado y lado de los polos políticos en que está dividido el país?, ¿aguantará Maduro y el chavismo, la presión social en contra?, ¿mejorará o empeorará la calamitosa situación económica, de carencia de servicios y, negadas posibilidades de crecimiento que tanto anhela el venezolano común?
En ese orden, ¿qué tanto conseguirán los autodenominados y apadrinados mediadores en unas negociaciones que se intercambian malandros pero no resuelven los problemas de la gente de los barrios, caseríos, aldeas y aislamientos dónde se mueren poco a poco de hambre, enfermos sin medicinas y, sin posibilidades de seguir estudiando, menos alternativas de trabajo por la falta de inversión privada en sus espacios de vida?
Ahora, en la República se inicia la innovadora guerra digital, inclusive la figura en primera fila de actores como Elon Musk, principal en las redes sociales. Denunciados un sinnúmero de ataques cibernéticos y la decisión, desatinada del gobierno, de ceñir reglamentariamente el uso de aplicaciones con miles de seguidores. Es un conflicto en pleno desarrollo y, consecuencias de pronóstico reservado, especialmente en los sectores más débiles que tienen en esas afiliaciones y usos, la manera de soportar la negación al acceso al desarrollo que en otras naciones del mundo se disfruta plenamente.
La administración Biden logró algunos objetivos, poner a pensar a los estadounidenses en sus propios intereses locales y hemisféricos. En razón que la confrontación que promete Trump, no deriva precisamente en crecimiento y mejora de su calidad de vida y poder político internacional.
El pragmatismo de los demócratas en esta campaña, plantea una presión de engatusamiento, combinando sanciones y, paralelamente ofreciendo sutiles incentivos atractivos que permitan alargar o prolongar su dominio, una especie de fuerza y seducción, recuperando terreno en el conflicto con Venezuela, evitando directas confrontaciones, por lo menos hasta el 5 de noviembre próximo.
Mientras tanto la diplomacia de engatusamiento no alcanzado el cambio de gobierno en Venezuela, logró innegables resultados provocando un trance de legitimidad que antes no existía; bajaron los cerros, o la gente de los suburbios pobres de Caracas. Por ahora es espinoso pensar que la estrategia aplicada trascienda el justo colosal, secuela axiomático en un aparato ventajoso para aproximar a EEUU a sus fines geopolíticos en el hemisferio y aumentar aliados en sus designios de imperio territorial.
Mientras tanto el venezolano común se pregunta todos los días ¿qué va a pasar? Nosotros tampoco lo sabemos. Ahora bien, recordamos a un profesor de ciencias sociales en el liceo Unda de Guanare que nos decía en clase que él tenía un defecto, “creer en los hombres”, o sea en el semejante. No nos queda otra.
Joel Enrique Silva Silva
