Yaxmin González Jiménez
ACARIGUA.- El subsidio del 100 % del precio del gasoil es una de las seis propuestas del Movimiento Agricultores 2022 al Gobierno nacional, como una manera de sacar de la crisis a la producción del campo venezolano.
En ese sentido, Immer Castellano, en representación del referido movimiento, explicó que la agricultura nacional enfrenta el riesgo de desaparecer al ir disminuyendo progresivamente la superficie de siembra. «Los pequeños, medianos y grandes productores llegaron a un nivel de destrucción socioeconómica que muy difícilmente retornarán a la actividad agraria, por lo tanto debemos defender el honor, la dignidad y el futuro de nuestra familia y el país «, señaló.
En la búsqueda de salvar la economía nacional, señaló que en el documento elaborado en asamblea agraria se acordó exigir una solución a la distribución de combustible para las labores agrícolas, «tomando en cuenta que en el año 2021 se perdieron alrededor de 10.000 hectáreas por la
escasez de gasoil y nadie nos indemnizó. Por esta razón exigimos que siga el subsidio hasta que el sector primario mejore económicamente «, enfatizó.
En el documento que prevén hacer entrega a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional, los agricultores exigen colocar un precio justo al maíz blanco
y amarillo de 450 dólares por tonelada, como mínimo para que pueda generar rentabilidad para el pequeño, mediano y grande, para ir saliendo de la crisis actual que padecen.
De igual manera exigen paralizar las importaciones, privilegiando la producción nacional. «Pedimos que se firme un contrato para recibir la cosecha, la cual debe pagarse de contado y a un precio justo, y lo faltante se debe completar con importaciones», dijo.
-Como cuarto punto y fundamentados en el artículo 306 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, solicitamos la reactivación de la cartera de crédito agrícola y la Misión Agro Venezuela para todos los pequeños, medianos y grandes
productores, dijo Castellano.
El Movimiento Agricultores 2022 plantea también la eliminación de los paquetes criminales de financiamiento, «porque son un mecanismo de capitalismo salvaje y estafa que causan la destrucción socioeconómica de nuestros pequeños , medianos y grandes productores maiceros de
manera al hacerse impagables».
Castellano sugirió la revisión de las normas Convenin, creadas en 1987 por la agroindustria, «sin ningún aporte a los productores y hoy, casi 40 años después, todavía se mantienen porque al productor se le realizan en los silos
deducciones superiores al 15 %, ya que estas normas se convirtieron en otro elemento más depredador de las ganancias del productor», apuntó.
