BOGOTÁ.- Por segunda vez, fue negada la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en el proceso que está en curso contra el expresidente Álvaro Uribe, por los presuntos delitos de soborno de testigos y fraude procesal. La jueza Laura Barrera aseguró este martes 23 de mayo que sí hay pruebas suficientes para ma
La jueza Laura Barrera, del Juzgado 41 Penal de Conocimiento de Bogotá, negó la preclusión en el caso contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. El líder derechista, que llevó las riendas del país entre 2002 y 2010, es imputado por presunto soborno a testigos y fraude procesal.
Así, el exmandatario está más cerca de ir a juicio. Tras analizar la defensa de Uribe y lo dicho por la Fiscalía, el despacho considera que sí hay pruebas de que el expresidente pueda tener «la condición de partícipe» en el delito de soborno y manipulación de testigos.
«Sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe», sentenció el despacho de la jueza.
El año pasado, la Fiscalía había solicitado por segunda vez el cierre del caso, luego de argumentar que la conducta de Uribe no constituía un delito.
Uribe, que siempre ha expresado su inocencia, fue investigado por presunta manipulación de testigos para desacreditar las acusaciones de que mantuvo vínculos con paramilitares en los años 90.
Barrera sentenció que ella no será quien lleve el juicio. Mientras que Uribe y su abogado aún no se han pronunciado sobre estas conclusiones. Por su parte, la Fiscalía todavía puede apelar la decisión.
Presunta manipulación de testigos
El caso comenzó en 2012 cuando Uribe acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de orquestar un complot para vincularlo con paramilitares. En ese entonces, el legislador preparaba un caso contra Uribe por sus presuntos vínculos con estos grupos armados.
Pero la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir una investigación contra el congresista de izquierda y, en cambio, inició un proceso contra Uribe por presunta manipulación de testigos.
En 2018, la Corte empezó una indagatoria contra Uribe por fraude procesal y soborno. Tras haber recopilado información de excombatientes, la Corte Suprema sentenció que Cepeda no había pagado ni presionado a exparamilitares, pero encontró indicios que sugerían que Uribe y sus aliados sí habían presionado a los testigos.
Así, acusaron al expresidente de haber intentado manipular a exparamilitares para que declararan contra Cepeda a través de terceros, como el abogado Diego Cadena.
El 4 de agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó la detención domiciliaria de Uribe, pero dos semanas después, el exmandatario renunció a su escaño en el Senado. Una acción que también derivó en que la Corte Suprema de Justicia perdiera su competencia en el caso, que pasó en manos de la Fiscalía. La detención de Uribe duró más de dos meses antes de que un juez levantara la orden.
En abril de 2021, el entonces fiscal del expediente, Gabriel Jaimes Durán, pidió cerrar el caso contra Uribe, algo que fue negado un año más tarde.
Después, el nuevo fiscal, Javier Cárdenas, hizo su propia investigación y también solicitó el cierre del proceso. El fiscal argumentó que Uribe nunca había pedido a los testigos que mintieran y que simplemente les había pedido que dijeran la verdad.
Sin embargo, el abogado Cadena, acusado de haber ofrecido recompensas para que los exparamilitares cambiaran sus testimonios a favor de Uribe, está en juicio por estos hechos y fue suspendido por tres años para ejercer su profesión.
La jueza Barrera considera que la Fiscalía no logró probar la completa inocencia del expresidente.
Varias investigaciones en contra de Uribe
Álvaro Uribe es uno de los políticos más influyentes del país de las últimas décadas. Fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010 antes de llegar a ser senador en 2014.
Durante sus mandatos, Uribe dirigió una ofensiva militar contra los grupos guerrilleros de izquierda. Recientemente, fue acusado por el antiguo jefe paramilitar Salvatore Mancuso de haber tenido vínculos estrechos con los paramilitares e incluso de haber recibido su apoyo para la campaña política que lo llevó al poder en 2002.
En respuesta, Uribe anunció que denunciará a Mancuso ante la Justicia por presuntas falsas acusaciones.
Los grupos paramilitares surgieron en Colombia en la década de 1980 y lanzaron una sangrienta lucha contra las guerrillas. Han sido acusados de violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluidos asesinatos, violaciones, desapariciones y torturas. Algunos de sus integrantes se desmovilizaron, a la par que parte de los grupos guerrilleros, en virtud de un acuerdo de paz durante el mandato de Uribe.
El expresidente fue investigado en varias matanzas cometidas por paramilitares en el departamento de Antioquia, cuando era gobernador de ese departamento ubicado en el oeste del territorio colombiano. La Corte Suprema de Justicia investigó las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas entre 1995 y 1997, después de que varios exparamilitares afirmaron que el entonces gobernador los ayudó a planear los hechos que dejaron varios muertos civiles.
La Fiscalía abrió una indagación preliminar contra Uribe en 2000, pero ese mismo año se archivó el proceso, antes de ser reabierto en 2013.
En 2017, Uribe fue investigado por otro caso. Esta vez por su conducta en el caso de escuchas ilegales a periodistas y opositores ocurridas durante su mandato junto con el exdirector del ahora desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera. El funcionario habría solicitado seguimientos «de manera arbitraria e injusta» a magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos.
La Corte Suprema de Colombia investigó el caso, y según sus hallazgos, Uribe habría estado al tanto de las escuchas ilegales y habría participado en ellas junto con Noguera. Pero, el expresidente ha negado cualquier conducta inapropiada y el caso sigue siendo objeto de controversia en Colombia.
Al ser ahora reconocido culpable en el caso de manipulación de testigos, Uribe podría recibir una pena de hasta 12 años de cárcel.
EFE/ Reuters/
